La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado se ha convertido en "pionera" al diseñar, junto a Unicef y la Universidad de Comillas, una guía de recomendaciones para que gobiernos y legisladores elaboren informes de impacto en menores para garantizar que futuras leyes tengan en cuenta los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia.

La titular asturiana de Bienestar Social, Graciela Blanco, ha puesto en valor que el Principado ya había establecido esta obligación en el ámbito de género y ahora amplia su compromiso hacia los menores, una iniciativa que ha tenido buena acogida en el Gobierno central. De hecho, Blanco ha destacado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy a demás de felicitar a Asturias por la propuesta, ha pedido ejemplares de la guía para enviarlos al resto de comunidades.

En la misma línea, el Principado repartirá el manual entre los ayuntamientos asturianos. El documento, titulado 'Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la adolescencia de las disposiciones normativas', pretende establecer mecanismos para que todas las leyes cuenten antes con un informe que analice los posibles impactos del texto normativo para los menores.

Estas orientaciones, que no tendrán efecto retroactivo ni carácter obligatorio, suponen para la consejera un compromiso de voluntad legislativa de atención a los derechos y necesidades de la infancia y adolescencia.

Para ello, la guía aborda múltiples supuestos que permitan proteger derechos sobre la salud, la educación, el maltrato, el acceso a la información o la situación de menores refugiados o afectados por un conflicto armado, entre otros.