El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la ley de Seguridad Ciudadana, cuyo proyecto se ha aprobado este jueves definitivamente en las Cortes, dotará a España de más libertad, un argumento que sigue sin convencer a la oposición que ha prometido derogarla en cuanto pueda.

Durante el último debate de la tramitación parlamentaria de este texto, la oposición ha vuelto a esgrimir en el Congreso sus argumentos de rechazo, fundamentalmente que el proyecto, que ni es necesario ni ha sido demandado por los ciudadanos, solo tiene como objetivo "amordazar" la protesta en las calles.

Por eso, desde las filas del PSOE como desde la de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto sus diputados han vaticinado que la futura ley tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento.

Una promesa que el titular de Interior ha escuchado desde su escaño y a la que ha respondido al final del debate. "Cuando entre en vigor el 1 de julio quedará garantizada la libertad", ha afirmado Fernández Díaz, para quien esta norma no "toca el derecho de reunión ni de manifestación".

Por el contrario, ha resaltado que el texto define por primera vez el concepto de seguridad ciudadana, prohíbe las redadas indiscriminadas y regula el concepto de retención en comisaria o los cacheos.

"La luz de la verdad se verá cuando entre en vigor", ha concluido el ministro que ha cerrado el último paso antes de que uno de los proyectos más importantes de su departamento se someta a votación a lo largo de la tarde.

La oposición en bloque ha tildado la norma de innecesaria. "No existe ninguna razón objetiva para aprobar esta ley reactiva", ha dicho el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor, quien ha agradecido irónicamente al Ejecutivo y al PP el no ocultar ni disimular la ley.

"Es lo que parece. Si hubieran querido llamarla ley mordaza no habrían tenido problema", ha destacado Sánchez Amor, que ha criticado la "generalidad" y "ambigüedad" de algunos preceptos de la norma, pues con ellos se abre la puerta a la subjetividad y la discrecionalidad.

Según el parlamentario, el proyecto es un "batiburrillo" de normas sancionadores con múltiples "cláusulas", pues figuran contra el top manta, contra las cundas, contra Greenpeace o contra las feministas, ha añadido. "Solo falta una cláusula Pequeño Nicolás", ha bromeado.

Con todo, el tono más duro de la intervención del diputado ha sido para la enmienda aprobada que legaliza las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes, una posibilidad que "no cabe en el derecho internacional. Se está en España o se está fuera", ha dicho.

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, también ha arremetido contra la enmienda "estrella" referida a Ceuta y Melilla y que ha tildado de "auténtico esperpento", a pesar de que el PP ha modificado en el Senado esta iniciativa.

En su opinión, lejos de arreglar la enmienda se ha introducido mayor "confusión", pues al final el conflicto queda en manos de la Guardia Civil que deberá cumplir las órdenes del ministerio y al mismo tiempo seguir el ordenamiento jurídico internacional.

También Feliu Joan Guillaumes, de CiU, y Emilio Olabarria, creen que esta enmienda es ilegal.  Guillaumes ha incidido en que cuando se entra en un país democrático "se tienen unos derechos", mientras que el diputado vasco ha denunciado que lo que se legaliza constituye un delito en el Código Penal, la deportación ilegal.

No han escatimado críticas desde el Grupo Mixto a esta ley que será desterrada "con un arma tan simple como un sobre y una papeleta", en palabras de Joan Baldoví, de Compromís, porque su objetivo, según Rosana Pérez Fernández, del BNG, es "silenciar y amordazar cualquier protesta".

"Se lo digo bien claro. No nos callarán", ha añadido la diputada, al tiempo que Joan Tardà, de ERC, considera que el proyecto es una "nueva estrategia del totalitarismo y fascismo de siempre".