De momento, decepción. Aunque saben que el camino es aún largo por recorrer. Las 50 familias de Arganda del Rey (Madrid) afectadas por la quiebra de la cooperativa Progreso Arganda, una cooperativa promovida por el PSOE local, se sienten un poco decepcionadas tras la primera toma de contacto con los responsables políticos de la gestora que desde hace una semanas dirige el Partido Socialista de Madrid (PSM), que se había comprometido en boca de su presidente Rafael Simancas a ayudar a estas familias, muchas de ellas militantes y simpatizantes del partido. Los cooperativistas lamentan que ambas partes "tengan tiempos distintos" para intentar solucionar el problema. Las familias denuncian que la cooperativa les debe 1,58 millones de euros.

El conflicto abierto en parte del seno del PSM, a raíz de que 20minutos destapara la situación de los afectados, parece que se ha cobrado la primera víctima política. La diputada Victoria Moreno no aparece en el primer listado de 129 candidatos que acompañaran a Ángel Gabilondo en las elecciones a la Comunidad de Madrid. La lista ha sido elaborada por la gestora, a la que Moreno pertenece, y deberá ser ratificada este sábado por el Comité Federal de Listas, es decir, por Ferraz. Fuentes consultadas afirman que Moreno no estará en la lista definitiva. En 2006, Victoria Moreno, como secretaria general del PSOE de Arganda, envió una carta a militantes animándoles a formar parte de la cooperativa. Su hijo se apuntó y logró un piso.

La semana pasada un grupo de cooperativistas se reunió con Simancas, Victoria Moreno, Modesto Nolla (también diputado autonómico) y Guillermo Hita (candidato del PSOE a la Alcaldía de Arganda). El objetivo era marcar unas líneas de actuación para intentar que los cooperativistas recuperen el dinero que entregaron (entre 20.000 y 60.000 euros por socio), o bien que puedan comprar ahora los pisos descontándoles del precio las aportaciones que ya dieron a la cooperativa. Las viviendas que no tienen dueño (de las 109 la mitad fueron vendidas) son propiedad del Sareb (el llamado 'banco malo').

Los cooperativistas lamentan que ellos manejan "unos tiempos distintos a los del PSM, por muy buena voluntad que tengan". Al parecer, el PSM les ha recomendado aplazar los esfuerzos a después de las elecciones autonómicas de mayo. "Algo impensable para nosotros. Ya nos han dicho que el administrador concursal quiere empezar a liquidar en mayo para que los acreedores empiecen a cobrar". El administrador fue nombrado por el juzgado de lo mercantil número 3. "De momento no vemos implicación plena por parte de los políticos", señala Juan, uno de los afectados.

El problema es que la cooperativa debe 14.952.032 euros, de los que 11.574.937 euros corresponden a deudas con Administraciones públicas y bancos. Los 50 cooperativistas que no han recuperado su dinero también son acreedores, pero ordinarios, por lo que cobrarían después de los acreedores encuadrados en la deuda de 11,5 millones. Reclaman 1,58 millones de euros, el dinero que adelantaron. La Sareb se ha quedado con las hipotecas que financiaron la construcción de sus pisos, más de 50 pisos, cerca de 70 plazas de garaje y seis locales comerciales. Todos están en la venta en Internet. Como mucho, la Sareb espera recuperar 8,69 millones de euros, "por lo nos quedaríamos sin nuestro dinero, ya que esos 8,69 millones serían para cubrir la deuda de 11,5 millones, no la nuestra de 1,6 millones", explican los cooperativistas.

La situación es complicada. La SAREB no está haciendo buenas ofertas, todo lo contrario. Olga, una de las afectadas, reconoce que cuando la cooperativa estaba funcionando su casa le iba a salir por 208.000 euros. "Aporté ya 55.000 euros, y la SAREB me lo vende ahora por 175.000 euros sin descontarme los 55.000 euros que entregué y no he recuperado. Si acepto, el piso me sale por 230.000 euros, 22.000 más que cuando no podía pagarlo". El PSM se ha comprometido a pedirle al grupo parlamentario socialista en el Congreso que negocie con la SAREB para intentar encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

Otro problema es la defensa jurídica del caso. El PSM, cuando lo dirigía Tomás Gómez, les puso como abogado a Wilfredo Jurado, exconcejal de Hacienda en Parla e investigado por la UDEF en el caso del sobrecoste del tranvía de Parla. Modesto Nolla y Wilfredo Jurado se reúnen este lunes 30 con los cooperativistas para intentar agilizar su caso. Rafael Simancas ya explicó a 20minutos que iba a pedir a Jurado un informe que justifique todo lo que ha hecho hasta ahora para defender jurídicamente a los afectados y todo lo que queda por hacer, ante las quejas de las familias, que denunciaron a este diario la escasa colaboración. "Hemos visto ya a dos abogados. No queremos a Jurado, por mucho que nos insistan desde el PSM que lo mejor es que de momento continúe él porque conoce el caso y dárselo ahora a otro letrado sería empezar de cero", explican los cooperativistas.

Fundada en el año 2006 para construir pisos protegidos, la cooperativa, promovida por el PSOE de Arganda del Rey, entró en concurso de acreedores en febrero de 2014 después de que muchos de sus socios no pudieran escriturar sus pisos y se vieran forzados a darse de baja. Algunos, por problemas económicos (perdieron el empleo), otros por enfermedad grave, y la mayoría porque las cajas y los bancos no les concedieron la financiación para unas viviendas que subieron de precio una media de 70.000 euros durante los años de promoción y construcción. La cooperativa no les devolvió el dinero, alegando falta de liquidez. En total, les deben 1,58 millones de euros. Otros 40 cooperativistas sí consiguieron financiación y lograron un piso, entre ellos al menos siete hijos de cargos locales del PSOE.

Las viviendas se construyeron en la famosa parcela UE124 de Arganda, una operación urbanística que investiga el juez Pablo Ruz dentro de la trama 'Gürtel', y en la que Francisco Correa se llevó una comisión de 12 millones de euros. La gestión de la cooperativa se encargó a Alcalá Consultores, dirigida por Miguel Ángel Pascual Molinillo, ex alto cargo de Gobiernos socialistas con Joaquín Leguina y exgerente de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda. La gestora encargó la construcción de los pisos a Imasatec, empresa relacionada con Pascual Molinillo. Imasatec es la propietaria de Imasqu Promotora, entre cuyos consejeros está Pascual Molinillo.