EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Parlamento vasco para obligar a las empresas que operan en Euskadi a atender al público y rotular sus productos y distintivos en euskera. La propuesta afectaría a todas empresas, aunque las sanciones -que llegarían hasta los 6.000 euros— se reservarían para las grandes compañías de determinados sectores y los plazos de adaptación varían en función del tamaño del negocio.

La iniciativa, presentada este miércoles por el parlamentario Xabier Isasi, ha sido registrada por tras conocerse que sólo el 22 por ciento de las compañías cumplen la actual normativa sobre atención en euskera, que -después de una modificación introducida en la pasada legislatura- no incluye multas por incumplimientos.

A través de este texto — para cuya aprobación, EH Bildu requeriría del apoyo del PNV o de la suma de PSE-EE y PP —, la coalición soberanista pretende que todos los vascohablantes puedan ejercer su derecho "a mantener en euskera sus relaciones comerciales".

La ley afectaría a las empresas "que se dediquen a la compraventa de todo tipo de bienes y servicios en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, independientemente del tamaño y la actividad" del negocio.

El texto establece una serie de "obligaciones lingüísticas", tanto en las comunicaciones escritas como en las orales. De esa forma, obliga a que toda la señalización, así como los impresos, catálogos o contratos de la empresa, estén escritos en euskera. En este caso, se concede un plazo de un año para que las compañías se adapten a estos requisitos.

Pese a esta obligación genérica, la propuesta de EH Bildu restringe las sanciones por incumplimiento de los requisitos en materia de comunicación escrita a las operadoras de comunicaciones, las compañías de energía eléctrica o de combustibles fósiles, las entidades financieras y las promotoras inmobiliarias.

PLAZOS

Otro apartado de la ley establece la obligación de garantizar una atención al público en euskera. En este caso, no se especifican sanciones. Además, se establecen distintos plazos de adaptación en función del tamaño de la empresa. Para las compañías de más de 50 trabajadores, se concede un periodo de adaptación de un año desde la aprobación de la ley. Para las empresas de entre cinco y 50 trabajadores, el plazo es de dos años y para las de menos de cinco empleados, de cuatro años.

A diferencia de en la atención genérica al publico, la propuesta sí prevé sanciones para las empresas que no cumplan las obligaciones en materia de servicios de atención al cliente. Las multas, al igual que en el caso de la información escrita, son de 6.000 euros, aunque en este capítulo afectan sólo a las compañías telefónicas y las entidades financieras.

ETIQUETADO

También se establecen obligaciones en materia de etiquetado. La iniciativa indica que "toda la información que figure en el etiquetado de cualquier producto objeto de compraventa" en Euskadi, deberá ofrecerse "al menos en euskera".

El plazo de adaptación a este requisito sería de tres años y, una vez concluido, EH Bildu propone retirar del mercado el producto que no cumpla la norma. La coalición soberanista también plantea la creación de un 'Sello de Compromiso Lingüístico'.