El 24 de junio de 2014 fue la última ocasión en la que compareció ante el Congreso de los Diputados el presidente de la Comisión Rectora del FROB, Fernando Restoy. Desde entonces, ningún responsable del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario ha vuelto a presentarse ante la Comisión de Economía y Competitividad, a pesar de que la legislación vigente exigía que acudiera por lo menos dos veces más.

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, obliga al FROB a comparecer en la cámara baja "con periodicidad trimestral (...) con el fin de informar sobre la evolución de las actividades del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación económico-financiera". Además, la ley prevé que pueda ser llamado a declarar en más ocasiones, siempre a instancia de la Comisión de Economía. El grupo popular en el Congreso ha adelantado a 20minutos que el presidente de la Comisión Rectora del FROB acudirá a responder ante los diputados el próximo 14 de abril.

¿Por qué incumple aparentemente el FROB su propia legislación y no comparece ante los representantes electos de la ciudadanía? Quien tiene la iniciativa para convocar al presidente de este organismo en cualquier momento es la propia Comisión de Economía del Congreso. Es decir, que en la práctica es el Grupo Popular el que con su mayoría absoluta decide cuándo y quién comparece en ante los diputados. Este diario ha podido saber que el presidente de la Comisión Rectora del FROB, pasados tres meses desde su última presencia en el Congreso, mostró su disposición expresa a acudir al Parlamento.

Desde los grupos de la oposición parlamentaria también consideran responsable al Partido Popular, que ha aplicado su mayoría absoluta en el Congreso para bloquear las distintas solicitudes de comparecencia emitidas formalmente por las distintas formaciones. "Esta mayoría está impidiendo que se debata y se comparezca de acuerdo a la ley", señala Juan Moscoso, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía.

Desde el pasado 20 de octubre, según la web del Congreso, había tres solicitudes por parte de los distintos partidos de la oposición para que comparecieran altos cargos del FROB (el presidente y el director general), pero ninguna de ellas había sido atendida hasta el momento. Y no será por falta de temas relevantes en el sector financiero español.

Desde la última comparecencia de Fernando Restoy, el pasado 24 de junio de 2014, la actualidad del sector financiero español se ha visto sacudido por varios episodios con repercusión en el erario público.

La ruinosa venta de la rescatada NCG. Apenas dos días después de acudir al Congreso, el propio FROB formalizó la venta de Novagalicia al grupo bancario venezolano Banesco, por algo más de mil millones de euros, y tras haber inyectado en la entidad más de 8.900 millones de euros para recapitalizarla. La operación, toda una ruina, se ha revelado en una operación tan beneficiosa para sus compradores que en solo un ejercicio ya han logrado unos beneficios superiores al precio pagado por la entidad.

La venta de Catalunya Banc, también con pérdidas. Un mes después, el FROB, urgido por el calendario marcado por Bruselas, llevaba a cabo otra venta con pérdidas de una entidad saneada con dinero público. En este caso era Catalunya Banc, entidad que causó unas pérdidas de más de 12.000 millones de euros al contribuyente (más otros pasivos contingentes) y que fue adjudicada al BBVA por 1.187 millones de euros.

Las operaciones irregulares enviadas a la Fiscalía. Tras varios meses analizando miles de operaciones potencialmente sospechosas, los responsables del FROB enviaron numerosas operaciones presuntamente delictivas ante la Fiscalía Anticorrupción. De ellas, 23 detectadas en CX y NCG supusieron, aparentemente, un quebranto de más de 1.500 millones de euros para ambas entidades rescatadas. Posteriormente se enviaron otras dos operaciones sospechosas en NCG que supusieron unas pérdidas de 210 millones, y otro expediente relativo a la cartera de créditos minoristas en Catalunya Banc.

Tarjetas B y retribución de los altos directivos en Caja Madrid. Aunque el asunto saltó a la luz pública en diciembre de 2013, no fue hasta finales de 2014 cuando el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid alcanzó la fase judicial, con la presentación ante la Fiscalía de un informe interno describiendo las presuntas irregularidades y después de dar a conocer el desglose de los gastos de los consejeros con sus visas entre 2003 y 2012. La investigación interna del FROB también llevó ante el fiscal las presuntas irregularidades cometidas por varios directivos de la caja, que según el organismo público se habrían atribuído sobresueldos indebidos entre 2007 y 2011.