El Juzgado de Instrucción 4 de Móstoles ha archivado la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Boadilla, presidido por el Alcalde Antonio González Terol, en el que acusaba a Ángel Galindo de haber cometido delitos penados con pena de prisión por haber hecho públicos documentos municipales que el Consistorio ocultó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El auto del Juzgado, que descarta la existencia de ninguno de los tres delitos de los que acusaba al Portavoz de Alternativa por Boadilla (revelación de secretos, uso de información privilegiada e infidelidad en la custodia de documentos) responde a un nuevo recurso interpuesto por el ejecutivo municipal.

Los hechos se remontan a 2012, cuando el Ayuntamiento de Boadilla presentó una denuncia en los Juzgados de Móstoles, acusando a Galindo de haber revelado documentos municipales que el letrado municipal, por orden del ex primer edil Arturo González Panero, ocultó al Tribunal Superior de Justicia en el caso de la compra del Palacio del Infante Don Luis de Borbón.

En aquel expediente municipal constaban documentos, faxes y comunicaciones entre el Ayuntamiento y su entonces dueño, Enrique Rúspoli, que probaban que éste había contactado con el Ayuntamiento para intentar rehacer el convenio de expropiación del Palacio y no tener que cumplir la sentencia que anuló la adquisición del mismo. Estos documentos municipales fueron ocultados al TSJM en el procedimiento de ejecución de esa sentencia.

El palacio fue tasado en 1996 en 8 millones de euros, y el Ayuntamiento se lo expropió a su propietario a cambio de 12 millones de euros en 1998 repartidos de la siguiente forma: 112 viviendas libres, en parcelas municipales, el aprovechamiento municipal correspondiente a 226 viviendas y más de 1,2 millones de euros en efectivo.

El suelo público que Rúspoli adquirió acabó siendo propiedad de una empresa tapadera del arquitecto Leopoldo Arnáiz, contratado por el Consistorio para diseñar ese mismo acuerdo.

Arnaiz está imputado en tres juzgados de la comunidad de Madrid: en el 35 de la capital por fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el 8 también de la capital por estafa e incumplimiento de contrato, y en el número 2 de Alcorcón por un delito de negociación prohibida a funcionarios, es decir, el uso de información privilegiada. Además, uno de los últimos informes que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha elaborado para el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama Gürtel, revela que otra empresa tapadera de Leopoldo Arnaiz ha comprado suelo en Boadilla a una sociedad de un testaferro de Francisco Correa.