El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses, prorrogables indefinidamente, pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa, cosa que estaba prevista inicialmente pero que se modificó, según anunció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros Rafael Catalá, titular de Justicia.

Este precepto, que figuraba en el anteproyecto de ley aprobado en diciembre, fue criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que consideraron las escuchas de "difícil encaje constitucional".

De esta forma, los ministerios de Justicia e Interior han eliminado de la reforma la posibilidad de que la fuerzas de seguridad del Estado puedan llevar a cabo escuchas telefónicas sin autorización judicial previa ante delitos graves.

Asimismo, la reforma ha atendido finalmente la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de cambiar el término imputado por investigado en las primeras fases de la instrucción, un término "mucho más coherente", según dijo Catalá y que pasará a denominarse encausado según avance el procedimiento.

El ministro de Justicia ya había manifestado que el término imputado tiene en la actualidad "un nivel de contaminación semántico muy alto", por lo que se ha mostrado favorable a buscar otra fórmula que sea más acorde con la investigación y "no marque" a la persona.

La reforma procesal limita la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal.

No obstante, los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.

Catalá aseguró que esta medida se trata de "un compromiso de calidad de la justicia con los ciudadanos para que haya una respuesta en un tiempo razonable" y que "no está asociada con impunidad ni nada que se le parezca".

La reforma afecta también a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito, y regulará por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.

Asimismo, los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.

Del mismo modo, la reforma introduce la figura del policía encubierto, que a partir de ahora podrá investigar en Internet mediante el uso de una identidad falsa y, además, habrá un nuevo procedimiento para una serie de asuntos de tramitación simplificada como los delitos de conducción en estado de embriaguez y pequeños hurtos.

El texto fija que los tribunales superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.

El Gobierno ha aprobado igualmente un real decreto de equivalencias que, según dijo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, será un paso importante para favorecer la movilidad entre los profesionales sanitarios en toda España y ha dado luz verde a la firma de un convenio del Consejo de Europa para luchar contra el tráfico de órganos, que nuestro país suscribirá el próximo 25 de marzo en Santiago de Compostela.