El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha anunciado este jueves que se investigará la "filtración" de la decisión del alto tribunal de anular la puesta en libertad del etarra Alberto Plazaola, cosa que permitió al etarra abandonar su domicilio antes de ser detenido.

"Yo como presidente del Tribunal Supremo voy a pedir la apertura de investigación sobre esta filtración, trataremos de identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la Justicia", ha dicho.

Lesmes se ha expresado así antes de participar en unas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos y ha recalcado que, si bien el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen una política de comunicación "amplia", ésta sigue siempre los canales oficiales, con "neutralidad informativa y preservando el interés de la Justicia".

En este caso sin embargo no ha sido así: "Lamentablemente se ha producido una filtración, es algo anómalo que altera la neutralidad informativa".

Según el diario El Mundo, fue una filtración en el ámbito jurídico la que permitió al etarra fugarse, ya que la decisión del Supremo trascendió a las 12.40 horas, sin haber sido trasladada al departamento de prensa, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no recibieron orden de detenerle hasta las 17.30.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha evitado comentar si pasó demasiado tiempo desde que se supo la noticia hasta que se dio la orden de arresto a la Policía, y se ha limitado a decir que no tiene por norma cuestionar las decisiones judiciales: "Cuando se recibió la correspondiente orden se puso en marcha el dispositivo de vigilancia para detenerlo y ponerlo a disposición judicial".

Fernández Díaz ha dicho que la Policía no podía vigilar a Plazaola sin incurrir en una ilegalidad porque estaba en libertad sin condiciones.  De todas maneras, Interior dice a orden de detener a Plazaola llegó 4 horas después de conocerse auto del TS.

"Si a la Policía o la Guardia Civil se le hubieran dado órdenes en cuanto a mantener una seguridad sobre esa persona, evidentemente esa persona hubiera sido vigilada y detenida en el momento que la autoridad judicial lo ha dispuesto", ha añadido.

A su llegada al Consejo de Ministros Europeos de Interior que se celebra en Bruselas, Fernández Díaz ha explicado que para delitos contra la libertad o de carácter sexual ya se está tramitando en el Congreso la reforma del código penal. Esto permitirá que se puedan ejercer medidas de seguridad sobre aquellas personas que se teme que vuelvan a delinquir.

Plazaola fue puesto en libertad en diciembre por la Audiencia Nacional en virtud de una normativa europea, pero el Tribunal Supremo anuló este miércoles su excarcelación. Cuando la Guardia Civil acudió a su domicilio de la localidad guipuzcoana de Doñate no encontró a Plazaola, en busca y captura desde entonces.

Plazaola salió de la prisión de Texeiro (A Coruña) el pasado 4 de diciembre tras así decretarlo la Audiencia, que también ordenó excarcelar a Santi Potros en virtud de una decisión marco europea que prevé acumular penas por condenas cumplidas en cualquier país de la Unión Europea.

Potros fue arrestado de nuevo el 19 de enero, y actualmente está en prisión preventiva, en relación con dos atentados cometidos en los años ochenta en los que se sospecha de su intervención.

No es el suyo el único caso de fugas entre miembros de ETA en libertad y que, tras ser reclamados por la Justicia, han tenido que ser puestos en búsqueda y captura. Están los casos, muy conocidos, de Antonio Troitiño en 2011, Josu Ternera, que se remonta a enero de 2002 o José Ignacio de Juana Chaos.

Este último, De Juana, salió en libertad el 2 de agosto de 2008, tras cumplir 21 años en prisión por 11 atentados terroristas en Madrid que costaron la vida a 25 personas y que le valieron condenas que suman más de 3.000 años.

Al día siguiente abandonó España para instalarse en Dublín (Irlanda) y posteriormente en Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido). Precisamente en el tribunal de la ciudad norirlandesa se sigue un proceso de extradición que enfrenta a la Justicia española con la defensa del etarra.