El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha requerido por segunda vez a la Agencia Tributaria la información que le pidió en febrero sobre la tributación del Partido Popular correspondiente a 2008.

Quiere saber cuánto habría tenido que pagar el partido en concepto de Impuesto de Sociedades —no presentó declaración de este impuesto en ese ejercicio, recuerda— de no considerarse exentas las supuestas donaciones ilegales reflejadas en los 'papeles de Bárcenas'. El juez da cinco días a la Agencia Tributaria "desde que se practique el requerimiento" para darle el informe; el auto es recurrible.

La unidad de auxilio judicial de la AEAT contestó a su primera petición de ayuda que no estaba "en disposición" de darle esos datos porque ya había emitido los informes oportunos al respecto, pero la Fiscalía ha dicho que esta respuesta es "improcedente" y ha instado al magistrado a volver a pedir el informe con los cálculos fiscales. El propio juez Ruz, además, califica de "infundado" y "contradictorio" lo dicho por la Agencia.

El juez, según el auto difundido este martes, le recuerda a la Agencia Tributaria que la ley le obliga a colaborar —artículos 17.1 y 473 de la LOPJ— y también que para esta causa en concreto —pieza separada de la causa Gürtel— se designó a dos funcionarios de la ONIF-AEAT "en labores de auxilio judicial", que hasta ahora han presentado sin problemas los informes pedidos y han participado en las diligencias. De hecho, el juez dice que hasta ahora la Agencia no había puesto "objeción alguna", por eso considera que se contradice en su postura. Ruz recuerda que la colaboración de Hacienda es "obligada" y, aunque no lo menciona, el magistrado tiene potestad de imputar a la Agencia Tributaria por desobediencia.

La Agencia Tributaria, según relata el juez Ruz, le achacó querer influir en su opinión con "criterios técnico-jurídicos predeterminados": "Simplemente, nada más lejos de tal realidad", contesta, argumentando que su petición es "útil, necesaria, idónea y posible para el total esclarecimiento de los hechos", porque solo con esos datos podrá "valorar la normativa tributaria sobre la exención o no de las presuntas donaciones".

El Ministerio Fiscal, por su parte, dice que hay "un error en el entendimiento de la figura del auxilio judicial" por parte de la Agencia Tributaria y que, si se aplicaran sus argumentos, eso "supliría, por determinarla, la función instructora que compete al juez".

Por otro lado, el juez atiende también a una petición de la acusación de Ángel Luna y pide a la Agencia que calcule el IVA que habrían generado las facturas —no declaradas— a la empresa Unifica Servicios integrales S.L., que hizo la reforma de la sede del PP en Génova entre 2005 y 2010.