Alcaldes de EH Bildu instan a todas las instituciones vascas a "denunciar públicamente" y "responder de manera unificada y coordinada" a los "ataques" del delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, consensuando un protocolo de cooperación que concrete el papel de cada institución.

Los alcaldes de Asteasu, Barrundia, Lasarte-Oria y Orexa, en representación de los ayuntamientos con alcaldía de EH Bildu, han trasladado este viernes una propuesta al Parlamento vasco para hacer frente a "los ataques" del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo. Los citados alcaldes se han entrevistado con parlamentarios de EH Bildu, PNV y PSE.

En su propuesta, afirman que "la actitud agresiva de Carlos Urquijo contra las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca es intolerable" y denuncian que "cualquier iniciativa pública en relación con nuestra identidad basta para que el delegado del Gobierno español recurra al contencioso-administrativo o presente querellas criminales".

"Cualquier iniciativa que no gusta al Gobierno español basta para estar en su diana", han criticado, para señalar que, "además de los enormes gastos jurídicos que eso provoca, limita la capacidad de actuación de los cargos electos".

En su opinión, "es necesario empezar a dar forma a una respuesta del tamaño de la agresión, y no podemos dejar que esta situación continúe durante la próxima legislatura". En ese sentido, han explicado que la ronda iniciada este viernes con los grupos parlamentarios tiene como objetivo "dar pasos, trabajando en común, las diferentes administraciones, porque no se puede seguir así".

Según han indicado, hasta el pasado mes de enero el Abogado del Estado había registrado 744 recursos contencioso-administrativos de distinto tipo" y "todas las instituciones han sufrido estas agresiones, tanto el Gobierno y Parlamento vasco, como diputaciones y ayuntamientos, siendo estos últimos los principales damnificados".

Los alcaldes de EH Bildu han recordado que han sido recurridas "todo tipo de decisiones, como imposición de la bandera, subvenciones a Gure esku dago, colgar la Estelada, calendario laboral, inclusión de encarteladas en programas de fiestas, imposición de la foto del Rey, consultas, obligación de actas bilingües, criterios sobre el euskera, anagramas y banderolas contra la dispersión, pancartas a favor de los derechos de las personas presas, ayudas a familiares de personas presas, aportaciones a Udalbiltza, y convenios laborales".

A su entender, esta actuación por parte del delegado del Gobierno es "una absoluta falta de respeto institucional" y supone "un acoso a instituciones y personas electas elegidas democráticamente". Asimismo, han asegurado que las decisiones de Urquijo acarrean "graves consecuencias para varios ayuntamientos, sobre todo para los más pequeños, cuya situación es especialmente grave hasta llegar a ser insoportable". "Por desgracia, no hemos recibido ayuda de nadie, han lamentado.

Respuesta coordinada

En su propuesta, los alcalde de EH Bildu consideran precisa "una respuesta interinstitucional, coordinada y unificada" y han advertido de que, "aunque son los ayuntamientos los que están en la diana de la mayoría de los ataques, los perjuicios los han sufrido todas las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca".

Según señalan, la respuesta, "además de situarla en parámetros políticos, debe estar coordinada entre todas las instituciones". "Hasta ahora cada uno ha hecho lo que ha podido, pero hacen falta respuestas unificadas y coordinadas por los ayuntamientos y las demás instituciones, lo que exige un reparto claro y concreto de roles", han insistido, para considerar que "es al Parlamento al que le corresponde el trabajo de coordinación y unificación".

Por otro lado, señalan que los ayuntamiento, sobre todo los más pequeños, necesitan recursos suficientes para "hacer frente a estos ataque", por lo que consideran que "las otras instituciones públicas deben garantizar la capacidad de defensa de los ayuntamientos".

Desde EH Bildu han puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Orexa que, "con un presupuesto de 180.000 euros, durante esta legislatura prevé un gasto medio anual de 6.000 euros para defenderse de Urquijo, con lo que se va casi el 5% del presupuesto en costas procesales y eso es insostenible para los ayuntamientos".