UGT ha reclamado a la Junta de Castilla y León que convoque los procesos para la cualificación de cerca de 5.000 personas que trabajan en el ámbito de la Dependencia, fundamentalmente la ayuda a domicilio, y ha pedido a la Administración que vele por la calidad de los servicios que se proporcionan, en su mayor parte a través de subcontratas, y las condiciones de los empleados.

El sindicato ha expresado estas reivindicaciones en el marco de una rueda de prensa con motivo de la jornada 'La mujer, el trabajo y los cuidados en Ayuda a Domicilio' en la que han estado presentes la secretaria de la Federación de Servicios Sociales y Dependencia de UGT, Pilar Navarro; la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez; y la secretaria autonómica del Sector Sociosanitario, Fonsi Bonafonte.

En este marco, Ámez ha señalado la importancia de la Dependencia en Castilla y León, donde hay una persona mayor por cada tres de entre 16 y 64 años y un 4,3 por ciento de la población es dependiente, por ello ha pedido que la Administración "tome cartas en el asunto" en ámbitos como la ayuda a domicilio, un sector que ha asegurado que está marcado por la precariedad.

Una de las principales preocupaciones del sindicato es que la Junta "bloquea" la cualificación de casi 5.000 personas del sector, el 99 por ciento mujeres, muchas mayores de 50 años, que tienen suficiente experiencia y que a pesar de no tener formación sí están en condiciones de obtener el certificado que les proporciona la citada cualificación para trabajar en este ámbito.

En este sentido, el sindicato ha reclamado a la Administración datos sobre el número de trabajadores del sector, que aún desconoce, aunque ha cifrado en el 14 por ciento de la masa salarial de Castilla y León y el 10 por ciento del empleo la ayuda a domicilio.

Ámez ha señalado además que en la mayoría de las ocasiones los servicios que se prestan están subcontratados a empresas privadas, por lo que ha pedido que la Administración haga un seguimiento de todo el trabajo para velar por su calidad y también las condiciones de los profesionales.

A este respecto, Pilar Navarro ha insistido en el problema que supone la acreditación de este personal, que en muchos casos ha trabajado en el sector durante 18 o 20 años, y ha recordado que la Ley apostaba por la profesionalidad y el trabajo que hacían estas personas con la certificación que les cualificara.

Falta de voluntad

Sin embargo, en la actualidad se revisa y evalúa la aplicación de la Ley y se ha comprobado que en cuanto ha acreditación "no se ha hecho nada" y, aunque faltan datos de las comunidades para saber cuánta gente se ha acreditado, UGT calcula que unos 70.000 trabajadores que necesitan el certificado no lo han obtenido a pesar de tener conocimientos y habilidades para ello.

Así, ha recordado que la Ley apostaba por la creación de 350.000 empleos y sólo se han generado 125.000, pero el problema es la "falta de voluntad" y los recortes de los últimos años, que han hecho que no se proporcione a la población un derecho "subjetivo".

Ante esta situación, el sindicato forma parte de un grupo de trabajo en el que junto a las administraciones responsables y las organizaciones sociales se pueda saber en tres meses el número de trabajadores que hay en ayuda a domicilio, teleasistencia y residencias y analizar lo que se refiere a las cualificaciones, que deberían de haberse otorgado antes de fin de este año.

Navarro ha insistido en la precariedad existente en este sector, en el que aunque hay un compromiso con la Administración para que no haya despidos mientras no se hagan las convocatorias pertinentes, y ha reclamado que las administraciones hagan un esfuerzo mayor en los conciertos con las entidades privadas, ya que con 30 o 40 euros por cama no se pueden pagar las retribuciones de un convenio actualmente en negociación.

En cuanto a los procesos para la cualificación de personal, ha señalado que no se trata de un problema de dinero, ya que en febrero de 2014 se publicaron las partidas presupuestarias para hacer frente a las convocatorias y muchas comunidades no han hecho nada a pesar de haber recibido el dinero. En concreto, Castilla y León recibió para evaluación de competencias casi 563.000 euros y para mejora de la formación profesional 1,2 millones, pero sólo ha hecho una convocatoria.

Por su parte, Fonsi Bonafonte ha explicado que este sector, fundamentalmente la ayuda a domicilio, tiene "nombre de mujer", es muy precario y poco valorado, todo ello "bajo el paraguas" de la Administración, que es la que establece los pliegos de condiciones.

Bonafonte ha criticado que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, hable de "sobresaliente" en atención a la Dependencia cuando se ofrecen servicios que no tienen la calidad que debieran y no son "dignos" para los trabajadores, cuando es la Junta la que tiene competencia en este ámbito.

Además, cree que se trata de un sector fundamental para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, más elevada en Castilla y León que en el resto del país.