La sección segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado la creación de una macrocausa judicial a partir de la unión de una pieza derivada del caso Brugal y otra investigación del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en las que está involucrada la mercantil Autisa, dedicada a la compra y venta y alquiler de vehículos industriales y regentada por los hermanos Rafael y José Vicente Gregory.

En un auto fechado el pasado mes de enero y que ha sido facilitado a Europa Press por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el tribunal desestima el recurso de la Fiscalía, que pretendía acumular ambas diligencias en un solo procedimiento, ya que la causa resultante adquiriría un volumen que haría "inmanejable o muy dificultosa" su tramitación.

Para la sala, "si la pieza separada primera y la pieza principal se acumularan, daría lugar a una causa de enormes dimensiones que dificultaría enormemente la finalización del procedimiento, sin que la tramitación en piezas independientes ocasione indefensión alguna a los imputados".

La pieza principal a la que hace referencia el auto de la Audiencia es una causa derivada del sumario de la Operación Brugal en la que están imputados los hermanos Gregory, empleados del grupo Autisa, el empresario Ángel Fenoll y un letrado, entre otros sospechosos, por alzamiento de bienes y falsedad documental, así como otros delitos.

Según el sumario, este grupo empresarial sufría "efectos devastadores de la crisis" y también repercusiones de "las irregularidades que habría llevado a cabo su equipo gestor —que incluirían falsificación de documentación, bastidores etc...—". Ante esta situación, los Gregory "habrían ideado un plan" para intentar que estos bienes no le fueran embargados y para ello habría contado con la ayuda de Fenoll.

Este plan consistiría supuestamente en "traspasar todas aquellas propiedades a nombre de las mercantiles como paso previo a una suspensión de pagos, una vez que ya se han recibido citaciones de procedimientos declamatorios", acciones para las que contarían "con el auxilio de Ángel Fenoll, el letrado Ismael Olmo, y personal de confianza del empresario oriolano".

De esta forma, siempre de acuerdo con las diligencias judiciales, se utilizarían mercantiles de reciente creación y otras pertenecientes al grupo empresarial de Fenoll a nombre de testaferros para inscribir la propiedad de terrenos, naves industriales", entre otros, así como para "trasladar material inventariado, matricular vehículos...". El objetivo, en definitiva, era "eludir el embargo de dichos bienes".

Querella de una financiera

Paralelamente a estas pesquisas, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante dirige otra investigación contra los responsables del Grupo Autisa que se inició a raíz de una querella interpuesta por la financiera de Renault, VFS, por una estafa con unos camiones que los Gregory tenían en régimen de 'renting'.

En esta pieza separada se encuentran encausados catorce sospechosos. Además de los empresarios, han pasado por el juzgado para prestar declaración, chapistas, mecánicos e incluso el director de una sucursal bancaria. El magistrado Tejada ya dictó el pasado año un auto de procesamiento contra todos ellos por delitos de alzamiento de bienes, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según ha concluido el juez en esta investigación, los dueños de Autisa alteraron el número de bastidor de distintos camiones para ocultar a VFS que los habían vendido, traspasaron otros muchos vehículos a empresas pantalla y diversos testaferros e hicieron lo propio con dos viviendas para evitar su embargo con la ayuda, también en este caso, de Ángel Fenoll.

Rafael Gregory es además uno de los principales imputados en el sumario del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, en el que está imputado como supuesto intermediario entre los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz, así como entre éstos y el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, por delitos de cohecho, tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada y fraude.

La Fiscalía pretendía unir en una sola causa las dos investigaciones del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante que afectan a Autisa, pero la Audiencia ha respaldado la decisión del instructor de mantenerlas separadas aunque en ambas se indaguen "delitos conexos". Entiende el tribunal de la sección segunda que razones operativas así lo aconsejan para evitar que el procedimiento "adquiera un volumen que haga inmanejable su tramitación o muy dificultosa".