Según esta nueva ley, los productores eólicos e hidráulicos podrán elegir recibir una tarifa fija con su producción o bien acudir al mercado, donde la prima será variable.
El Ministerio de Industria dijo en una nota que con la ley se garantiza una rentabilidad para las inversiones del 7 por ciento si se acogen a la tarifa y de entre el 5 y el 9 por ciento para las productoras eólicas e hidráulicas (las que más peso tienen en el parque español de renovables) que acudan al mercado.
En lo que respecta a las otras energías 'limpias', la rentabilidad garantizada para la fotovoltaica asciende al 7 por ciento, y para la biomasa, solar termoeléctrica y biogás la rentabilidad será del 7 al 11 por ciento si las empresas venden su electricidad al mercado y del 8 por ciento si acuden a tarifa.
Estas nuevas medidas no afectarán a las instalaciones que se pongan en marcha antes del 1 de enero de 2008, que se regirán por la normativa anterior si optan por mantener su retribución ligada a una tarifa fija, aunque si acuden al mercado, la regulación anterior tendrá vigencia hasta el final de 2012.
Además, cada cuatro años se revisarán las tarifas para tomar en cuenta el cumplimiento de los objetivos fijados por el Gobierno en su planificación de renovables y adaptar las retribuciones a la variación de costes.
Sin embargo, las asociaciones de renovables han criticado la 'provisionalidad' de estas tarifas y la discrecionalidad con que el Gobierno puede modificarlas.
'La provisionalidad con que se contemplan las primas y las actualizaciones de los valores están teniendo ya claros efectos negativos. La falta de predictibilidad a largo plazo de la evolución de las compensaciones a las energías renovables tiene un impacto económico negativo al incrementar el coste de financiación de los proyectos', dijeron el jueves las asociaciones eólicas en una nota conjunta.
El Gobierno ha defendido que con esta nueva ley se pueden ahorrar 400 millones de euros al año con el recorte de primas al sector eólico, una cifra que, de otro modo, engrosaría el déficit de tarifa que se produce al ser los costes de generación superiores a lo que reciben las compañías, y que el pasado ejercicio fue de casi 3.000 millones de euros.
Los productores de energías renovables reciben una prima que se suma a lo que consiguen con la venta de la electricidad para fomentar la viabilidad de las instalaciones y que, en la nueva ley, se ve incrementada de forma significativa en aquellos que producen energía con biomasa.

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