El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por responsabilidad civil por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros (de los 87 que llegaron a poseer una) que cargaron gastos personales a las 'tarjetas B' que fueron concedidas por Caja Madrid desde 1999 hasta 2012.

El magistrado ha fijado fianzas, que oscilan desde los 11.000 euros hasta los 610.000 euros impuesta al exconsejero de la caja propuesto por IU José Antonio Moral Santín, para cubrir las responsabilidades penales que puedan derivarse de la causa en la que investiga los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las 'tarjetas B'.

La fianza más alta es así la de José Antonio Moral Santín, que también fue el que más gastó con su tarjeta opaca, con la que gastó 456.522 euros. Como es preceptivo, el juez impone un valor de la fianza igual a "cuyo uso le fue atribuido, con el incremento legalmente establecido al respecto, de al menos un tercio de las mismas".

El resto de cuantías oscilan entre los 11.000 euros de Virgilio Zapatero, los 126.000 de Gerardo Díaz Ferrán, además de Estanislao Rodríguez Ponga (341.000 euros); Francisco Baquero (356.000), Antonio Romero (337.000); Ricardo Romero de Tejada (283.000); José María de la Riva (279.000); Ramón Espinar (238.000); Carmen Cafranga (234.000); Ignacio de Navasqües (210.000); Rodolfo Benito (188.000) y Alberto Recarte (187.000).

También José María Arteta (186.000); Jesús Pedroche (172.000); Mercedes Rojo (160.000); Jorge Gómez (131.000); Pedro Bedia; (105.000); Luis Blasco (69.000); María Enedina Álvarez (63.000) y José Ricardo Martínez Castro (59.000).

Estas cantidades se vienen a sumar así a los 16 millones que el juez impuso para Miguel Blesa y los 3 de Rodrigo Rato el pasado octubre.

El auto asegura que "existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real. Tales son, sin duda, la gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos que en el presente proceso se persiguen".

El juez se apoya en una sentencia anterior (del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 2.014), en la que se dice que el más "elemental sentido común" impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaleza de gastos de representación y que "sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expresa" de quien haya autorizado el uso de la tarjeta.

En su auto, el juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de "ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas entregadas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial".

Andreu ha tenido muy en cuenta el "contundente" testimonio del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que rechazó la que le entregó el expresidente Rodrigo Rato por estimar que se trataba de una "mala praxis", para concluir que los imputados "pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".

El juez Andreu interrogará como imputados, entre los días 9 y 13 de marzo, a otros 37 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las 'tarjetas black' opacas al fisco. El magistrado, que atribuye a los exconsejeros un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida y a los exdirectivos únicamente este último, ha interrogado este mes de febrero a 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia.

En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene imputados a 82 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de archivar de forma provisional la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la exdirectiva de Caja Madrid María Elena Gil García por cargar 72.500 euros a su 'tarjeta B' porque su responsabilidad penal habría prescrito al haber transcurrido más de diez años desde su último movimiento.

Así ha respondido el fiscal Alejandro Luzón en un escrito, a la petición de Gil García, que dimitió como consejera de Jazztel tras estallar el escándalo de las 'tarjetas B' de Caja Madrid y solicitó el sobreseimiento definitivo de su caso argumentando que utilizó la 'visa' por última vez el 26 de agosto de 2004 y Anticorrupción denunció los hechos en septiembre del pasado año.

"En efecto, la posible conducta de apropiación indebida que se atribuye genéricamente a todos los usuarios de las tarjetas que no tenían la condición de consejeros de Caja Madrid estaría prescrita en su caso, al haber transcurrido más de 10 años desde su última disposición", explica el fiscal.