El Defensor del Pueblo recibió el pasado año 23.186 quejas, un 2,2% más que en 2013, y las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con asuntos sociales, como rentas mínimas o prestaciones de dependencia, impuestos y retrasos en la administración de justicia. Así consta en el informe anual de 2014 que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente.
El documento recoge la actividad de la Institución en un año en el que se formularon 467 recomendaciones de las que las administraciones aceptaron el 72%. Además, las actuaciones de oficio aumentaron un 41%, hasta alcanzar los 489 expedientes.
Alquiler social de pisos
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, planteó dedicar también al alquiler social pisos de la Sareb, el banco malo, a la vista del "escaso éxito inicial" del fondo creado por el Gobierno en 2013 con inmuebles aportados por la banca. La idea de que el Ejecutivo considerara esta opción surgió, tras constatar que el propio banco malo había puesto a disposición de comunidades autónomas "cientos de viviendas" para usos sociales. Sin embargo, tanto el Ministerio de Economía y Competitividad como el Ministerio de Fomento, se opusieron a la propuesta de la Defensora del Pueblo con el argumento de que la Sareb no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda.
Además, según recoge el informe del Defensor del Pueblo de 2014, el departamento que dirige Ana Pastor le dijo que las solicitudes de viviendas que había recibido la banca en los dos últimos años era "sustancialmente menor" al que las propias entidades ofrecían. Con ese argumento, a Fomento no le parecía "especialmente necesario" aumentar la oferta de viviendas disponibles en el Fondo Social de Alquiler impulsado por el Ejecutivo a principios de 2013 para dar respuesta a las familias que habían perdido su casa. "Que en 2013 y 2014 el número de solicitudes recibidas por las entidades financieras haya sido menor al de las viviendas ofertadas no puede significar, como pretende la Administración, que no sea necesario aumentar la oferta", le recuerda Becerril.
Añade también que no puede deducirse que no haya necesidad de viviendas, porque la demanda de mercado (es decir, con capacidad de pago) está hoy "muy mermada y en muchos casos es inexistente", mientras que el derecho fundamental al uso y disfrute de una vivienda digna no está restringido a que haya tal demanda solvente. La defensora del pueblo incide en que se trata "de un bien de primera necesidad cuyo precio resulta inalcanzable para la inmensa mayoría, salvo financiación externa, y ni siquiera ésta resulta fácilmente accesible en los últimos años".
Pobreza energética
El Defensor del Pueblo aumentó las actuaciones de oficio un 41% —hasta alcanzar 489 expedientes— durante 2014, ante problemas sobre pobreza energética, acogida de inmigrantes, de inclusión educativa de alumnos con discapacidad o de niños con problemas de alimentación.
La organización que dirige Becerril aboga por ampliar el bono social a más colectivos desfavorecidos y ha pedido más garantías en el procedimiento de cortes de suministro eléctrico y los sistemas de facturación. Recuerda que se iniciaron actuaciones para promover una factura eléctrica más transparente y clara, después de las cuales el Gobierno aprobó un nuevo modelo de factura que mejora la información que reciben los consumidores.
Quitar la concertina
El Defensor del Pueblo aconsejó por dos veces al Ministerio del Interior que retirara las concertinas del vallado exterior de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, pero este departamento no aceptó esa recomendación. Recuerda que en noviembre de 2013 formuló dos recomendaciones al Ministerio para que sustituyera la concertina existente por "un mecanismo no cortante que dificulte el salto de las vallas" a los inmigrantes que quieren entrar de forma irregular.
También recomendó que diera instrucciones a la Guardia Civil que presta servicio en la frontera de Melilla para que cuando interceptaran a uno de esos inmigrantes, la respuesta de sus agentes fuera "su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería". Recomendaciones que, dice el informe, "no han sido aceptadas", por lo que el Defensor "ha concluido la actuación manifestando la diferencia de criterio entre dicho organismo (el Ministerio) y el Defensor del Pueblo".
Otros temas
- Rebeldía de la banca: cree que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no protegen adecuadamente a los clientes bancarios, pues algunas entidades financieras ni acatan sus resoluciones ni sufren consecuencias por resistirse a su cumplimiento. En opinión del organismo, por esta resistencia de las entidades financieras la protección de los derechos de los clientes bancarios no es suficientemente garantista, y por ello insta a encontrar la manera de que la Administración defienda a los ciudadanos de forma más eficaz y las entidades corrijan algunas prácticas. En ocasiones, indica el informe, incluso si se confirma que una entidad financiera ha llevado a cabo malas prácticas no se le abre expediente alguno, independientemente de lo grave que haya sido su actuación.
- Reestructurar las deudas: apoya la futura Ley de Segunda Oportunidad que permitirá reestructurar la deuda de las familias y las pymes y recomienda este procedimiento de insolvencia dirigido a particulares y consumidores con "buena fe y sobreendeudados". "Lograr la flexibilización de las condiciones de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de la deuda tributaria, disminuyendo el importe de las cuotas y aumentando el plazo, ha sido uno de los objetivos de esta institución en los últimos años", asegura.
- IVA reducido en gas y electricidad: pide un IVA reducido para el gas natural y la electricidad ante el elevado número de personas a las que afecta la pobreza energética en España y por el incremento del precio de la electricidad en comparación con otros países de la UE. En el mismo sentido, abogan por la rebaja del tipo impositivo del 21% al 8% aplicable a los productos y servicios que ofrecen las empresas del sector cultural ya que ha provocado rechazo en los ciudadanos y un impacto negativo en el sector. Por otra parte, critica la obligación de presentar determinadas autoliquidaciones y declaraciones de IVA de forma telemática exclusivamente y afirma que es una de las medidas que "más desconcierto ha causado en los contribuyentes, ya que no hace distinción alguna entre los sujetos pasivos y no diferencia entre empresarios y el resto de personas obligadas a liquidar el impuesto".
- No demorar pago de nóminas: ha sugerido a distintas administraciones locales que procedan al abono, con la mayor brevedad posible, de sus obligaciones pendientes de pago acumuladas, tras recibir numerosas quejas de empleados públicos por demoras en el pago de sus nóminas.
- Inversión en carreteras: pide a Fomento que invierta más en la conservación de las carreteras, ya que este aspecto incide directamente en la seguridad vial, dificulta la fluidez del tráfico y provoca un envejecimiento del parque móvil. Resalta la eficacia de las políticas en materia de seguridad vial, ya que entre 2005 y 2014 el número de víctimas mortales ha disminuido en un 65 por ciento, según indica. Pese a ser "sensible" a la opinión de la ciudadanía sobre la cuantía elevada de las sanciones de tráfico, esta institución opina que es "imprescindible tener muy presente las consecuencias que pueden derivarse de una conducción negligente al volante".
- Desprotección frente a empresas de telecomunicaciones: denuncia que los derechos de los usuarios no están lo "suficientemente protegidos" frente a las grandes compañías de telecomunicaciones, un sector "dinámico" en el que surgen actuaciones al margen de la normativa. Ha destacado la "necesidad" de una actuación más activa en la defensa de los intereses de los usuarios por parte de legisladores, órganos administrativos y judiciales. En ese sentido, ha sugerido que "la regulación del sector y la elaboración de una normativa específica que contemple problemas y situaciones nuevas satisfarían las expectativas ciudadanas y evitarían desequilibrios".
- Fracking: cree "insoslayable" valorar y motivar la autorización de la fractura hidráulica, ponderando "seriamente" los riesgos ambientales y los efectos en la salud, al tiempo que denuncia que la información existente sobre esta técnica es "insuficiente". Se queja de la conducta de las administraciones por no difundir la información ambiental de modo activo, caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se negó a divulgar el informe del Instituto Geológico y Minero de España sobre las medidas preventivas y correctoras en este tipo de proyectos. "Teniendo en cuenta el volumen de recursos hídricos que emplea esta técnica y los riesgos para la contaminación de los acuíferos, es manifiesto que el informe resulta de interés, al menos para las Confederaciones Hidrográficas", añade.
- Tasas judiciales: subraya el "claro malestar" que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos. Becerril destaca que han tenido una "repercusión moderada" en el descenso de la litigiosidad. Al igual que en años anteriores, Becerril critica "la insuficiencia de medios" en algunos juzgados y advierte de que el problema de los retrasos en los tribunales "está lejos de resolverse" al constatar que se están fijando juicios para el 2017.
- Recuperación Tajo-Segura: recuerda a la Administración que "debe" proporcionar la información ambiental que se le pida y obre en su poder, para lo cual, no es necesario que el solicitante invoque un interés específico, ni ser interesado o denunciante. En este sentido, se refiere al derecho de participación pública en la toma de decisiones ambientales, por ejemplo con el trasvase del Tajo al Segura. En este caso concreto, da un tirón de orejas al Estado por las reglas de determinación de excedentes, explotación y recuperación de costes del trasvase Tajo-Segura, así como de venta o cesión de derechos intercuencas entre los regantes.
- Cadáveres de la Complutense: solicita información a la Universidad Complutense de Madrid sobre el caso del hacinamiento de cadáveres en un departamento de la Facultad de Medicina, que provocó la eliminación de este departamento y la destitución de uno de sus responsables. Pide datos sobre la situación en que se encontraba el servicio responsable, los protocolos aplicados o que estuviera previsto implantar y la información sobre el uso y conservación de los cadáveres donados que se ofrece a los familiares de los fallecidos.
- Ébola: se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer los recursos existentes y los protocolos previstos tras el contagio de ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en el hospital Carlos III de Madrid del pasado año. Ha iniciado una actuación a raíz del dossier presentado por el Consejo General de Enfermería en el que se detallaban deficiencias de seguridad para los trabajadores y un inadecuado seguimiento de los protocolos por parte de las administraciones. El organismo expone que dio lugar a una "situación de alarma epidemiológica".
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