El Ayuntamiento de Barcelona ha replicado este martes al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) que no ve indicios de maltrato a los detenidos en el caso 4-F, aunque impulsará una batería de medidas correctoras, como dotar de cámaras a los vehículos de traslado, crear un comité de ética y potenciar la unidad de régimen interno.

En rueda de prensa, el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha dado conocer el informe elaborado por el consistorio sobre el caso 4-F, que se remite a las sentencias judiciales que condenaron a los imputados por dejar en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana y que archivaron las denuncias por malos tratos. Además, ha recordado que tres de los acusados pasaron por tres hospitales —sin pasar por comisaría— tras ser detenidos.

En concreto, según ha detallado el consistorio, los tres jóvenes encadenaron tres visitas seguidas a tres hospitales diferentes, sin pasar por comisaría: del Hospital del Mar fueron al de Sant Pau —en ambos no les pudieron hacer radiografías— y finalmente acabaron en el de l'Esperança, donde le pusieron los puntos de sutura en la cabeza a uno de los jóvenes.

Sin embargo, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció el lunes que las administraciones actuaron con "negligencia" y "falta de transparencia" en el caso del 4-F y apreció "indicios de malos tratos" con al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial. Además, denunció que el libro de registros de detenidos de febrero de 2006 desapareció en 2010, cuando se estaban revisando los recursos.

Forn ha indicado que el consistorio da por zanjado el caso del 4-F porque no ha apreciado los indicios de malos tratos y cierra la investigación que abrió tras la emisión del documental Ciutat Morta, que recoge la versión exculpatoria de los condenados y avala su teoría de que fueron víctimas de torturas y de un montaje policial pues, mantienen, que el agente resultó herido por el lanzamiento de un tiesto desde una casa okupa y no una piedra desde la calle.

El edil ha insistido en que el Ayuntamiento no puede "ir más allá" de lo que se ha acreditado en las sentencias —que rechazan que hubiera malos tratos— y de los datos disponibles sobre la intervención de la Guardia Urbana, en los que tampoco se constatan torturas. En este sentido, ha negado que la Urbana sea el cuerpo policial de España con más denuncias por malos tratos, ya que en los últimos cinco años ha llevado a cabo más de 33.000 detenciones, con 24 denuncias por malos tratos —11 de ellas ya archivadas y diez pendientes de juicio—.

Con todo, el consistorio ha acordado impulsar una batería de medidas correctoras, como la instalación de un sistema de grabación de vídeo y sonido en custodia y en traslado de detenidos, que la Unidad de Régimen Interno pase a depender en casos graves del área de gerencia —el ámbito político y no policial— y constituir un comité de ética que elabore un informe anual tras estudiar y evaluar las quejas ciudadanas sobre las actuaciones del cuerpo.

Otros de los compromisos municipales son seguir utilizando sólo las celdas de custodia de detenidos que cuentan con cámaras de videovigilancia —en seis de las diez comisarías de Barcelona ya están habilitadas—, así como asegurar que los equipos de limpieza del espacio público no intervengan en los espacios donde haya habido situaciones de violencia hasta que no haya finalizado la inspección.

También ha asegurado que el Ayuntamiento no ha tenido nada que ver con la declaración de incapacidad de dos agentes que intervinieron en el caso 4-F, cuyo testimonio fue prueba de cargo para condenar a los acusados, y que posteriormente fueron condenados en otro proceso por torturar a un detenido.

El concejal de Seguridad ha admitido que en el caso 4-F, el consistorio cometió algunas "irregularidades", especialmente por la desaparición del libro de registro y custodia de los detenidos de 2006, aunque ha garantizado que desde 2010 ya se guardan debidamente.

Precisamente, horas antes de la presentación del informe, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha admitido que "en 2006 algunas cosas no se hacían como tenían que hacerse". No fue "por casualidad" que relevar al jefe de la Guardia Urbana fuera una de las primeras decisiones que tomó en 2011, tras ser elegido alcalde.

Tras asegurar que ha visto el documental, ha destacado que debe condenarse todo tipo de violencia: la que puedan haber hecho los cuerpos policiales, pero también la de manifestantes y otros colectivos.

Así, se ha referido a los daños que sufrió durante la última huelga general del 29 de marzo de 2012 una cafetería de la cadena Starbucks en la plaza Urquinaona, en el centro de la ciudad. "Si un guardia urbano coge a una persona y le da un golpe, esto es gravísimo y no es admisible" y debe tener consecuencias, pero ha defendido interpretar igual que personas tiren piedras a los policías y bomberos que actuaron para apagar el incendio de este local.