El pleno del Congreso ha dado luz verde a la proposición de ley conjunta PP-PSOE sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, al que no se ha sumado ningún grupo parlamentario, al considerar que se trata de un pacto "bipartidista y electoral" que avala la prisión permanente revisable. PP, PSOE, Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN han votado a favor del texto, UPyD y CiU se han abstenido mientras que la Izquierda Plural, PNV, ERC, Amaiur y BNG han votado en contra.

De este modo, la iniciativa seguirá ahora su tramitación en el Senado tan sólo 36 días después de que ambas formaciones y el Gobierno sellasen este compromiso en una reunión en el Ministerio del Interior tras una conversación telefónica entre el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez.

PP y PSOE no han logrado sumar nuevos apoyos al texto durante esta tramitación por vía de urgencia en la Cámara Baja en la que tan sólo han contado con el respaldo de los minoritarios UPN, CC y Foro Asturias, firmantes también de la proposición de ley. Todos los demás grupos han votado en contra de la iniciativa, excepto UPyD y CiU que se han abstenido con críticas a la actuación de los dos mayoritarios.

Durante su intervención en el debate, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha tenido unas palabras para CiU a los que ha animado a aparcar sus diferencias internas mostradas la semana pasada en este asunto. "Les animo a ser capaces de alcanzar unidad para actuar con responsabilidad en una materia como el terrorismo. Ofrecemos a su grupo seguir dialogando en el Senado", ha dicho al tiempo que ha defendió de nuevo la necesidad del pacto para dar una respuesta más eficaz al terrorismo.

El portavoz de Interior de CIU, Jordi Jané, ha denunciado que lo que han hecho PP y PSOE ha sido "un acuerdo bipartidista en el que una vez solemnizado y publicitado se invitó al resto". Tras denunciar que nadie les haya llamado para negociar enmiendas, ha advertido que hay aspectos del texto que su grupo "no puede avalar". Se ha referido a la prisión permanente, a lo que entienden como una definición "desmesurada" de terrorismo o que alguien pueda ser condenado por imprudencia. También ha pedido revisar el concepto de adoctrinamiento pasivo: "condenar a quien difunda contenidos, sí, a quien navegue por Internet, no".

El portavoz del PSOE Antonio Hernando, ha recordado que "en los últimos años ha habido importantes operaciones policiales de detención de 15 y 20 personas y luego había que ponerles en libertad porque no había un tipo penal para condenarles, aunque se supiese lo que estaban haciendo". "Claro que no teníamos un Código Penal adecuado", ha replicado el diputado socialista replicando así a los grupos que censuraban la proposición como innecesaria. En referencia a la prisión permanente revisable ha expresado que la oposición del PSOE ha supuesto que se suprima del texto la referencia expresa de esa figura.

El PP y el PSOE han venido limando su acuerdo inicial y el pasado lunes presentaron una serie de enmiendas para, entre otros motivos, acotar los supuestos en que unos desórdenes públicos pueden considerarse terrorismo. De este modo, los desórdenes salen de esa lista y pasan al artículo 573 bis dejando claro que, al igual que la sedición, los desórdenes sólo podrán ser considerados terrorismo "cuando los cometa una organización o grupo terrorista o individualmente amparados en ellos".

En otra enmienda introducen un cambio en la redacción de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio o exportarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes colaboran con ella.

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el del PNV han utilizado sus enmiendas para intentar desactivar el pacto. Todas sus enmiendas, que han sido rechazadas, proponían la supresión de todos los artículos. "No se concede la presunción de inocencia a nadie, sino que se criminaliza a todo el mundo", ha denunciado el diputado nacionalista vasco, Emilio Olabarría.

A juicio de Joan Coscubiela, de ICV, "es cierto" que el terrorismo necesita adaptaciones, pero "justo en los puntos" que no aborda este pacto. Se ha referido a articular una mayor inversión en materia de inteligencia en la lucha contra la financiación del terrorismo de algunos países.

"Esto no es un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista,  sino una reforma del Código Penal, por cierto chapucera", ha comenzado diciendo la líder de UPyD, quien ha acusado a PP y PSOE de haber conseguido engañar "una vez más". Su partido ha presentado una batería de enmiendas con el fin de quitar la presión permanente del enunciado y de dotar a la lucha antiterrorista con una serie de partidas presupuestarias.

Ha denunciado que al reconocer la prisión permanente revisable "los abogados de los terroristas con boina se están frotando las manos" porque, según ha vaticinado, se van a empezar a ver peticiones de revisión de condena y a etarras saliendo de prisión a los 20 años y no a los 40 años como está previsto actualmente.

El diputado de ERC, Joan Tardá, ha denunciado que esta proposición "apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos" y ha manifestado su rechazo a puntos concretos como lo que ha considerado como una ambigüedad en referencia a los artículos sobre el enaltecimiento del terrorismo. "Hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado como terrorismo", ha sentenciado.

El portavoz abertzale de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, también ha expresado su rechazo al texto y ha centrado sus críticas en la figura de la prisión permanente revisable recordando a los GAL: "¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como máximo responsable de terrorismo de Estado por haber causado decenas y decenas de muertos?".