La PDLI señala las 10 amenazas a la libertad de expresión del nuevo Código Penal

Marcha contra la 'ley mordaza'
Manifestación convocada por la Plataforma de las Marchas por la Dignidad 22-M con el lema "Contra la represión. No a la Ley Mordaza y no a la Reforma Penal" en Madrid. (EFE)

El Pleno del Congreso aprobó este jueves la proposición de ley conjunta de PP y PSOE sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista.

Afecta de forma muy grave, al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión

Ante las modificaciones al Código Penal pactadas por ambos partidos, entre la que destaca la cadena perpetua, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha señalado las que afectan, "de forma muy grave, al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión de movimientos sociales y activistas".

También han mostrado su disconformidad con el acuerdo el resto de partidos del arco parlamentario, que han señalado en sus enmiendas la "ambigüedad" e "imprecisión" que conlleva el acuerdo, que aplicará la "máxima pena privativa de libertad" prevista en el Código Penal, que con la futura regulación será la prisión permanente revisable.

La 'lista Falciani' o la consulta de webs pueden ser delito

La PDLI señala diez puntos claves en los que el nuevo Código Penal puede suponer un retroceso en la defensa de las libertades.

El primero de ellos es el referente a las filtraciones. "Informaciones como las de la 'lista Falciani', los correos de Blesa o el 'caso Snowden' estarían en la esfera de lo que ahora pasa a considerarse 'terrorismo", señala la plataforma.

El artículo 573 del nuevo código penal considera como terrorismo los delitos informáticos, incluyendo a quien "por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático".

Periodistas o cualquier persona realizando labores informativas puedan ser acusados de terrorismo

Otros dos puntos claves son los referidos a las informaciones difundidas sobre seguridad informática y la consulta de webs. "Considerar terrorismo los delitos informáticos, en su nueva definición, también puede llegar a afectar a quien investiga y escribe sobre este tipo de informaciones" afirma la PDLI que pone como ejemplo el caso del estadounidense Barret Brown condenado por cubrir la información referente al grupo activista Anonymous.

En cuanto a la consulta de webs, el objeto de polémica es el artículo 575 de la reforma propuesta, que considera que "puede cometer delito de terrorismo quien “acceda de manera habitual” a páginas webs de contenido terrorista".

Persecución de la información sobre deshaucios u ocupaciones

De aprobarse el artículo 579, puede ser acusado de terrorismo “quien difunda públicamente mensajes (…) que (…) por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo”, anuncian desde la plataforma. Y explican que "teniendo en cuenta que acciones de resistencia como la paralización de un desahucio o la ocupación de una entidad bancaria pueden ser considerados, con esta reforma, terrorismo, quien cubra estos hechos, y los difunda, puede verse también acusado".

Precisamente, otro de los aspectos señalados es el espionaje a periodistas y espionaje masivo. "El hecho de que periodistas o cualquier persona realizando labores informativas puedan ser acusados de terrorismo es muy grave: la simple posibilidad de ser acusados representa la suspensión de garantías democráticas, como pinchazos telefónicos sin autorización judicial o detención incomunicada durante cinco días", señalan.


Las ciberprotestas o su difusión, criminalizadas

"No solo la libertad de información, también la libertad de expresión y el derecho a la protesta se ve amenazada con el pacto, supuestamente, antiterrorista". Los artículos 578 y 579 castigan con penas de terrorismo la difusión de mensajes por Internet que puedan ser considerados “enaltecimiento o la justificación públicos” de los nuevos delitos o “la difusión de  consignas” que puedan incitar a otros a cometerlos. La alteración de webs como forma de protesta queda incluida en los delitos informáticos que pasan a considerarse terrorismo.

Castigará especialmente la difusión de los mensajes previstos, "a través de un medio de comunicación social"

Las condenas podrán ser de hasta tres años para estos delitos si están relacionados con el "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares", según la enmienda popular 881 al artículo 578 propuesto en el Código Penal, especialmente "si los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet, o mediante el uso de tecnologías de la información", según la enmienda propuesta por el Grupo Popular.

La prestación de servicios tecnológicos, que el artículo 577 considera colaboración con organización terrorista, es el último punto del pacto que la plata forma señala como una amenaza a la defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, el Senado se encuentra en trámite de aprobación de otros artículos (270, 271 y 559) que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión ha querido también señalar, ya que suponen la criminalización de las páginas de enlaces que podrán ser consideradas como un delito contra la propiedad intelectual, y la difusión de mensajes y consignas que  puedan “perturbar la paz social”.

Por último, llaman la atención sobre la lucha contra la pederastia, que "se traslada a la penalización del mero acceso a material de pornografía infantil, aunque ésta sea simulada mediante dibujos animados".

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