Si bien el Juzgado de Instrucción número 14 tenía previsto tomar este martes declaración como imputados al exalcalde socialista de Burguillos José Juan López, su hermano Simón y el militante socialista José Prada Sampedro, por presuntos delitos de malversación, estafa y falsedad documental en la gestión de la desaparecida empresa municipal Burguillos Natural, José Juan ha ratificado sus declaraciones ante la Policía y ante la Justicia y se ha acogido a su derecho a no responder, mientras los demás se han acogido a su derecho constitucional a no contestar preguntas salvo en el caso de las que procediesen de sus propios abogados defensores.

Las comparecencias responden a las diligencias incoadas por la citada instancia judicial por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad documental y exacciones ilegales, con relación a la gestión de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, participada por el Ayuntamiento burguillero.

El exalcalde y su hermano Simón, como administradores de Burguillos Natural, afrontan el presunto desvío de 7.110.210 euros desde las arcas de la citada empresa municipal, supuestos ingresos por valor de 300.000 euros desde las cuentas de la empresa a las cuentas de Simón Juan López, los gastos de las tarjetas bancarias de la empresa en aspectos como viajes, almuerzos y objetos o supuestos pagos injustificados a personas relacionadas con el PSOE. Igualmente, pesa en las actuaciones el presunto impago de las cuantías comprometidas con ciudadanos de Burguillos que vendieron sus tierras a Burguillos Natural.

José Antonio Prada, militante socialista y marido de la secretaria general del PSOE de Burguillos, estaría citado a declarar como consecuencia de las retribuciones que habría percibido tanto del Ayuntamiento, como de Burguillos Natural.

José Juan López, por cierto, fue condenado en enero a un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, y en 2009 fue condenado ya a ocho años de inhabilitación especial por un delito contra la ordenación del territorio.

Lo cierto es que según las acta de declaración de los imputados, recogidas por Europa Press, José Juan López ha ratificado ante el juez sus declaraciones previas ante la Policía y en sede judicial y se ha acogido a su derecho a no contestar preguntas, mientras los dos restantes imputados se han acogido a su derecho constitucional a no contestar preguntas salvo en el caso de las que procediesen de sus propios abogados defensores.