El presunto asesino de la bebé de 16 meses de Palma del Condado (Huelva) Míriam se enfrenta este martes a un nuevo juicio en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería en el que el fiscal interesa que se le condene a penas que suman cinco años de cárcel acusado de vender por 10.000 euros una máquina retroexcavadora propiedad de su suegro.

Jonathan Moya está imputado, con la circunstancia agravante de reincidencia, como presunto autor de un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad en documento mercantil, por lo que el Ministerio Público solicita, además de la pena de prisión, el pago de una multa de 12 meses a razón de 12 euros al día.

El escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que Moya González formalizó la venta de la máquina retroexcavadora con un tercero el día 2 de marzo de 2012 en el municipio de Tabernas y recibió a cambio 10.000 euros pese a que era propiedad de la empresa de construcciones de la que es dueño su entonces suegro.

Según el Ministerio Público, lo hizo "sin ningún tipo de autorización, simulando ser el dueño y tras suplantar de forma fraudulenta, mediante imitación de la firma del legítimo propietario" en los documentos de venta y transporte del vehículo.

La máquina pudo ser recuperada y entregada a los denunciantes con posterioridad si bien esto generó unos gastos de 1.138,70. Remarca el fiscal que el comprador perdió la propiedad y, además, "no ha podido recuperar los 10.000 euros que pagó", por lo que interesa indemnizaciones para los perjudicados por ambos montantes.

Moya González está a la espera de que un tribunal de jurado decida sobre su culpabilidad o no culpabilidad en el crimen de Míriam, por el que se enfrenta a un total de 26 años de cárcel por presuntamente asesinar a golpes y por asfixia a la pequeña en diciembre de 2012 tras mantenerla cuatro días secuestrada con vida.

Aún le quedará, antes de este enjuiciamiento, una vista oral también ante el Juzgado de lo Penal 2 de Almería acusado de hacerse pasar por intermediario en la venta de un turismo BMW que había sustraído previamente a su dueño y quedarse con los 3.000 euros de la venta si bien, pese a que se ejecutó la transferencia en una gestoría, la Jefatura Provincial de Tráfico habría detectado el supuesto fraude.

Condenas anteriores

En el procedimiento con tribunal de jurado, la Fiscalía considera que golpeó a la bebé onubense con "gran fuerza y en repetidas ocasiones" con un objeto contundente en la cabeza para "hacerla callar porque lloraba" y que la envolvió cuando "estaba todavía con vida" en un film transparente, provocando su muerte por asfixia.

Moya González, actualmente en prisión provisional por esta causa aunque tiene también tienen varias condenas en firme por delitos contra el patrimonio, introdujo supuestamente a continuación el cuerpo sin vida de la pequeña en una bolsa de viaje "junto a su ropita y 15 piedras" para "arrojarla a una balsa de riego tras anudarle por fuera un bloque de cemento de grandes dimensiones" con el que se "aseguraba" de esta forma de que el cadáver "no saldría a flote".

El escrito de calificación provisional, remarca que tuvo retenida a la pequeña con vida desde el 20 al 24 de diciembre de 2012 en el interior del cortijo familiar donde se "escondió" tras raptarla y abandonar a su madre, con quien había mantenido una relación sentimental, "en un paraje deshabitado" de Fiñana (Almería) y que lo hizo pese a "los intentos reiterados de los agentes de la autoridad y los desesperados de la familia de la niña para que la entregase".

El fiscal no apunta, sin embargo, en su relato de hechos que deberán ser enjuiciados por un tribunal de jurado, qué movió a Jonathan Moya en su acción delictiva aunque a lo largo de la instrucción se apuntó que el procesado, quien ofreció hasta tres versiones de los hechos en las que hablaba de una muerte accidental de Míriam al caérsele de los brazos cuando corría por el monte, podría haber actuado por precio para vender a la menor.

Su defensa, ejercida por el letrado José Ramón Cantalejo, sostiene, no obstante, que "no participó de manera activa en la muerte" de la pequeña, y asegura que lo que "produjo" su fallecimiento, de acuerdo al informe de autopsia que obra en la causa, fue el acto de "envolver su cuerpo con un rollo de film de plástico de cocina", lo que atribuye al otro procesado, Raúl R.F., de acuerdo a la declaración que Moya González prestó ante la Guardia Civil tras ser detenido el 27 de diciembre de 2012. Califica, así, la actuación de su patrocinado como un presunto delito de lesiones por el que interesa la pena de dos años de prisión, y como un supuesto delito de encubrimiento por el que pide 18 meses de cárcel.

Cabe recordar que la Fiscalía no ha formulado acusación contra Raúl R.F. aunque sí lo ha hecho así el letrado que lleva la acusación particular ejercida por la madre de la bebé, Gema Cuerda, ya que considera que habría participado en "calidad de cómplice" en el rapto de la niña y solicita la pena de cinco años de prisión por un supuesto delito de detención ilegal.

Poco después de que fuese detenido el 28 de diciembre de 2012 por este crimen, Moya González se enfrentó también a varios juicios pendientes por estafas y falsedades documentales, así como apropiaciones indebidas. En todos ellos, a excepción de uno, reconoció los hechos en los distintos juzgados de lo Penal y se conformó con la pena que pedía el Ministerio Público.