El colectivo de monitores escolares contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo cese laboral ha sido ya en muchos casos, asimismo, considerado como improcedente, lo que supone la readmisión por parte de la administración autonómica— protagoniza este martes una concentración en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, y una marcha posterior hasta la sede de la Consejería, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

El motivo de dichas movilizaciones, según ha expuesto a Europa Press la portavoz del grupo, Eva Muñoz, es protestar por sus despidos y reivindicar la readmisión en sus puestos de trabajo, tras los pronunciamientos de varias Inspecciónes Provinciales de Trabajo que consideran que los contratos están celebrados "en fraude de ley" y, como consecuencia, la relación laboral debe ser considerada como indefinida.

Así, la concentración ante San Telmo dará comienzo a las 11,00 horas y durará hasta las 11,30 horas, momento en el que se iniciará una manifestación que pasará por la Delegación de Gobierno de la Junta en Sevilla (Plaza de la Contratación), Ayuntamiento (Plaza Nueva) y Defensor del Pueblo Andaluz (Reyes Católicos), finalizando el recorrido en la Consejería.

Los despidos han sido denunciados —el primer juicio ya se ha celebrado en Cádiz— al ser considerados por estos trabajadores como "ilegales", dada su disconformidad con la firma de una prórroga que la Junta otorgaba a estos trabajadores —que piden "igualdad de trato" con el colectivo de monitores administrativos— hasta el pasado 14 de noviembre, fecha inicialmente marcada para la culminación del procedimiento que permitía la entrada de los anteriores auxiliares.

Y es que estos monitores, una parte de los cuales ha presentado queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, entienden que se incurre en una modificación "sustancial" de su contrato de trabajo, que por otro lado ya fue denunciado judicialmente por fraude de ley, siendo así que "cualquier modificación de nuestro contrato podría tener consecuencias en nuestra demanda".

Además, subrayan que en los contratos de obras y servicios la fecha de finalización es de carácter orientativo, siendo la causa que pone fin el término de las tareas por las que estaban contratados. En este caso, "queda demostrada la continuidad del Plan de Choque, ya que los que aceptaron su firma continuaron trabajando, siendo despedidos tan solo los que no firmamos la prórroga legalmente innecesaria, dejando tareas inacabadas".

"Solicitamos que se nos trate bajo los principios de igualdad y sin discriminación y, en caso de demostrarse la irregularidad en nuestro despido, seamos readmitidos sin recurso alguno, optando por el allanamiento, igual que se ha hecho con los monitores de apoyo administrativo", finaliza Muñoz.