La Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado ya el procedimiento para introducir modificaciones en la Ley 3/1992, de Protección de los Animales, con el fin de posibilitar que un animal pueda ser incautado de inmediato a su propietario cuando existen evidencias de que se halla en circunstancias que pueden poner en peligro su vida.

Lo ha anunciado este lunes la titular del Departamento, Blanca Martínez, que ha presidido en Santander la sesión de trabajo de la Mesa contra el Maltrato Animal.

En la convocatoria se han dado cita, además de la consejera y técnicos de la Administración, representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, Federación de Municipios de Cantabria y, finalmente, las tres representantes de las protectoras radicadas en la comunidad. Se trata de Beatriz Bolado (Patas), Eva Bolado (Arca) y Rosa María Domínguez Quintero, de la Asociación Cantabria Felina.

Según ha explicado Martínez, lo que se pretende es que, "una vez constatado que existe maltrato y que un animal se halla en peligro, la Administración pueda actuar sin esperar a que se resuelva el procedimiento administrativo", algo que "hoy no es factible".

Para ello, se crea la figura del 'dictamen motivado', que "nos habilita automáticamente para recoger los animales en custodia, bien en las dependencias propias del Gobierno o en las instalaciones de una protectora, y prestarles la asistencia que necesiten".

Los cambios propuestos en la legislación incluyen además una actualización del capítulo de infracciones. En este sentido, se incorporan como tales, por ejemplo, el incumplimiento de los programas de vacunación, la no prestación de asistencia sanitaria, el depósito anónimo de animales en las perreras, no tener identificados a los animales o, incluso, la agresión física o el mantenimiento de animales sin alimento o en instalaciones no adecuadas desde el punto de vista de la higiene y la seguridad. También se actualizan las multas con el objeto de reforzar su carácter disuasorio.

"Queremos que el borrador -añadió la consejera-, que ahora se va a trasladar a los miembros de la Mesa para que lo estudien en profundidad y si cabe presenten propuestas que puedan mejorarlo, incluya también la obligación de notificar la pérdida de un animal. Vamos a poder así distinguir perfectamente cuándo un perro se ha extraviado y cuando, sin embargo, ha sido abandonado, de forma que podamos poner cerco a la picaresca".

CONCIENCIACIÓN

La Mesa resolvió también empezar a diseñar una campaña para concienciar a la población y reducir paulatinamente las tasas de abandono y maltrato, así como se aceptó una propuesta del Colegio Oficial de Veterinarios para suministrar gratuitamente lectores de microchip a los ayuntamientos de forma que la Policía Local pueda ayudar a promover la identificación de los animales.

La Consejería de Ganadería, finalmente, va a dirigirse a los 102 ayuntamientos de la comunidad autónoma para informarles de la necesidad de contar con un servicio de recogida de animales abandonados, bien propio o concertado con alguna organización autorizada.

De igual modo, y a propuesta de las protectoras, los técnicos de la Administración diseñarán un protocolo para clarificar cuáles son los pasos a seguir en caso de presenciar episodios de maltrato o abandono.

"La Mesa ha puesto de manifiesto algo sobre lo que nunca habíamos dudado, y es que no hay metas imposibles si existe un compromiso colectivo", ha insistido la consejera, para quien "es lógico que el primer peldaño pase por modificar la legislación, que se halla muy desfasada porque data de 1992".

A partir de ahí, la hoja de ruta está "abierta". "Estoy absolutamente convencida de que esta Mesa va a suponer un antes y un después no sólo en materia de protección animal, sino que nos va a prestigiar como comunidad autónoma. Una sociedad que vela por el bienestar animal es una sociedad con futuro".