El gobernador de Pensilvania, en el este de EE UU, el demócrata Tom Wolf, anunció este viernes una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en el estado hasta que revise un informe sobre el asunto y al considerar el sistema actual "ineficaz e injusto". Pensilvania sigue así los pasos de Oregón, Washington y Colorado, otros tres estados que han decidido en los últimos años imponer moratorias a la pena de muerte, que es legal en 32 de los 50 estados de EE UU.

"Esta moratoria no es, de ningún modo, una expresión de compasión por los culpables que se encuentran en el corredor de la muerte, de los cuales todos han sido condenados por cometer crímenes atroces", indicó Wolf en un comunicado. "Esta decisión se basa en un sistema defectuoso que ha demostrado suponer un ciclo sin fin de procedimientos judiciales, además de ser ineficaz, injusto y caro", añadió el gobernador.

Pensilvania no ha ejecutado a ningún preso desde 1999 y solo ha aplicado tres veces la pena de muerte desde que el Tribunal Supremo de EE UU volvió a instaurarla en 1976, según la base de datos que mantiene el grupo independiente Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

No obstante, el estado tiene una de las mayores poblaciones de presos en el corredor de la muerte del país, con 186 condenados, de los que algunos llevan presos más de tres décadas. La moratoria se mantendrá hasta que el gobernador reciba un informe encargado en 2011 por el Congreso estatal a un grupo de trabajo sobre la pena de muerte en Pensilvania, y evalúe "todas las preocupaciones de forma satisfactoria", explicó Wolf.

El gobernador emitirá indultos a las ejecuciones programadas para los próximos meses y hoy ya concedió uno de forma temporal a Terrance Williams, cuya ejecución estaba prevista para el próximo 4 de marzo. La decisión de Wolf se enmarca en un contexto general de declive de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, donde en 2014 se ejecutaron 35 presos, la cifra más baja en dos décadas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

El número de condenados a la pena de muerte también ha bajado en los últimos años, y a ello se suman los recientes problemas causados por la composición de las drogas utilizadas para la inyección letal. Durante años, la mayoría de los estados de EEUU utilizaron una combinación estándar de tres medicamentos para la inyección: un anestésico o barbitúrico (habitualmente pentotal sódico o, en su defecto, pentorbital), un agente paralizante (bromuro de pancuronio) y un electrolito que detiene el ritmo cardíaco (cloruro de potasio).

Pero eso cambió en 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira dejó de producir el componente esencial, el pentotal sódico. Poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento de "acabar con la tortura y la pena de muerte" en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.