El PP de Creixell (Tarragona) ha reivindicado este jueves la transparencia de su gestión al frente del Ayuntamiento, después de que un informe de la Sindicatura de Cuentas detectase numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento entre 2006 y 2010.

En un comunicado, han ensalzado la "total transparencia" de su gestión, y ha sostenido que eso se demuestra por el hecho de que ningún grupo municipal hizo nunca ninguna denuncia expresa en ningún pleno respecto a la gestión del equipo de gobierno.

Los populares defienden que las cifras de las que habla el informe siempre fueron públicas y aprobadas por unanimidad en un pleno de 2011, y aseguran que las inversiones que se hicieron entonces eran necesarias para el municipio por el estado en que se encontraba.

El PP de Creixell critica también que el actual gobierno del municipio no haya presentado alegaciones contra el informe de la Sindicatura, ya que considera que pone en entredicho el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento.

Niega también que se tramitase nunca una documentación para subvenciones que incumpliese las normas, y remarca que lo primero que verifica la Diputación de Tarragona antes de dar una subvención es que la documentación aportada se ajuste a la legalidad.

Varias irregularidades

El informe de la Sindicatura señala que el consistorio no tuvo presupuesto durante el período 2007 y 2010, y que entre 2006 y 2010 se aprobaron modificaciones de créditos extraordinarios para las que no había crédito presupuestario.

Además, entre 2006 y 2010 los ingresos están sobrevalorados entre un 24 y un 57 por ciento, y se hicieron gastos por un valor de 7,8 millones de euros que "no habían sido imputados en el presupuesto".

El informe también alerta de que a partir de 2007, el Ayuntamiento dejó de ingresar las cuotas en la Seguridad Social, tanto la cuota patronal como la correspondiente a los trabajadores, una situación que se corrigió a partir de 2011.

Durante el período fiscalizado se han dado subvenciones al Ayuntamiento sin que este estuviera al corriente en el cumplimiento de obligaciones ante la Seguridad Social, y a pesar de que el alcalde declaró que sí que estaban al corriente, señala el informe.