La Unió de Llauradors, y el resto de organizaciones que forman parte en el ámbito estatal de la Unión de Uniones, ha presentado este jueves una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España porque considera que la nueva Política Agraria Común (PAC) "consolida recortes ilegales" de hasta 18,9 millones anuales en la Comunitat Valenciana.

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, la denuncia se centra en el "incumplimiento" de la normativa de la UE en los reales decretos que regulan, a partir de 2015, la aplicación de la nueva PAC, así como, por "el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas por no ser agricultores".

La Unió ha explicado que, contrariamente a lo que disponía la reglamentación comunitaria, el Ministerio de Agricultura ha venido otorgando durante los últimos años, "y así es reconocido por el propio Ministerio en algunos de sus documentos, ayudas derivadas del régimen de pago único a beneficiarios que no han ejercido ninguna actividad agraria al tener su explotación cedida totalmente a un tercero".

De acuerdo con la organización, "esta situación alcanza ahora una especial relevancia ya que el valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se determinará en función de las cantidades percibidas durante 2014, con lo cual los efectos del pago indebido a no agricultores se trasladan y perpetúan en la nueva PAC a partir de 2015".

Por otro lado, La Unió ha denunciado también que el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, "permite, más allá de lo establecido en la reglamentación comunitaria, el cobro de pagos directos a personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes".

"vulneración del agricultor activo"

Para la organización, esta vulneración de la figura de "agricultor activo", más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no son agricultores, "tiene como consecuencia que el conjunto de los beneficiarios valencianos tendrán que asumir un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único, equivalente a unos 18,9 millones de euros anuales". La entidad también asegura que este recorte no habría afectado a los agricultores activos "de haber procedido el Ministerio de forma distinta a lo denunciado por la organización".

La Unió también ha denunciado que los Reales Decretos de aplicación de los pagos directos y de asignación de derechos, "podrían contravenir la normativa de la UE que establece una ayuda complementaria del 25 por ciento del pago básico a los agricultores jóvenes en los cinco primeros años desde su incorporación, al exigirles determinadas condiciones que exceden de las atribuciones que la normativa europea concede a los Estados miembros".

De ello, sostiene que se deriva "una discriminación en perjuicio de los jóvenes que han obtenido mediante cesiones (arrendamientos, compra, herencia o donación) derechos de pago único pero tienen orientaciones productivas que nunca han recibido ayudas directas de la PAC".

Además, La Unió apunta que el Real Decreto de asignación de derechos de pago básico "limite la libre sucesión de las explotaciones entre familiares de hasta segundo grado, al impedir en estos casos la cesión de derechos de pago básico mediante donación, algo que la reglamentación de la UE no obstaculizaría".

La organización inicia desde este jueves una campaña de adhesiones a la denuncia entre los agricultores y ganaderos profesionales que van a ser los mayores perjudicados, que incluirá charlas en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, boletines electrónicos divulgativos e impresos disponibles en todas las oficinas "para dar a conocer el alcance de las afectaciones de las actuaciones contrarias a la normativa de la UE del Gobierno de España en la aplicación de la nueva PAC 2015-2020".