El actual alcalde de Illescas, el 'popular' Fernando Cabanes, ha valorado que el Juzgado número 2 de esta localidad haya imputado al anterior alcalde de esta localidad toledana, José Manuel Tofiño, por un presunto delito de prevaricación cometido en el pago de una factura de 348.000 euros, que tiene su origen en origen en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illescas, del año 2005, para recalificar unos sectores rústicos e industriales como zona residencial.

Según ha informado el PP en nota de prensa, el actual alcalde de Illescas y miembro del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular, Fernando Cabanes ha tenido conocimiento de esta imputación este jueves.

El actual regidor ha explicado que estos servicios jurídicos, tras estudiar la documentación existente, "consideraron que estos hechos podrían constituir un presunto delito de prevaricación que no estaba prescrito" y que el actual alcalde, como máxima autoridad del municipio, "tenía la obligación de denunciarlos".

Pleno del 2005

Los hechos tienen su origen en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illescas, del año 2005, para recalificar unos sectores rústicos e industriales como zona residencial, "en la que se pretendía hacer una actuación urbanística con la construcción de unas 20.000 viviendas, lo que supone un tercio más de las previstas en el Quiñón de Seseña, así como llevar a cabo el soterramiento de las vías del tren con la plusvalías obtenidas de esas viviendas".

Según ha recordado Cabanes, para ello "se firma un convenio con los 'postulantes agentes urbanizadores', una figura urbanística que se inventa el equipo de Gobierno del PSOE, los cuales depositan en nuestro municipio unas cantidades de efectivo para el futuro desarrollo de ese soterramiento". Sin embargo, "la crisis inmobiliaria provocó que en 2013 ésos 'agentes urbanizadores postulantes' solicitasen la devolución de esas cantidades".

Es en ese momento, ha dicho, cuando el actual Gobierno municipal del PP busca los gastos que se habían asumido desde el Ayuntamiento de Illescas para esos proyectos y se encontró una factura por un importe de 348.000 euros pagada por el Consistorio a una empresa que redactó un informe urbanístico.

Posible delito

Cabanes ha dicho que, según el informe de los servicios jurídicos, se dan tres circunstancias constitutivas de un posible delito de prevaricación por parte de Tofiño: que el pago se realiza con el informe en contra de la intervención municipal; que no había ningún proceso de licitación para que la empresa que realizó el documento fuera la encargada del mismo; y que no existe ningún informe técnico que apoye la valoración de ese trabajo por importe de 348.000 euros.

En estas dos últimas circunstancias se basó en su momento la intervención municipal para rechazar el pago de esa factura, a pesar de lo cual "el entonces alcalde insiste en el pago de la factura y a los cuatro días se realizará la transferencia del importe solicitado por esa empresa", algo que, a su modo de ver "pone de manifiesto las prisas de Tofiño teniendo en cuenta que en 2011 en el Ayuntamiento se estaba pagando a un plazo de en torno a 180 días".

Cabanes ha aclarado que "el actual equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Illescas ha conseguido que nuestro municipio no pierda esas cantidades, porque fueron detraídas a los 'agentes urbanizadores postulantes' que en su día dieron origen a estos gastos, por lo que hemos logrado que los vecinos de Illescas no hayan tenido que pagar nada".