El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha manifestado que está "satisfecho" por su imputación por el Tribunal Supremo por la posible contratación irregular por la Ciudad Autónoma de un abogado externo porque así podrá dar su versión de los hechos y demostrar que no ha cometido ninguna ilegalidad.

En una declaración para los periodistas en Ceuta, Juan José Imbroda ha dicho que no dirá que está "encantado" porque no lo está pero sí "satisfecho desde un punto de vista: ya por fin podré hablar y me podrán escuchar porque hasta ahora no me han dejado hablar ni me han escuchado".

El también senador del PP ha manifestado que está "la mar de tranquilo". "Expliqué lo que había, es un pago de una minuta de un abogado que ha trabajado y ha cumplido, tenía todas las bendiciones legales y que nadie me advirtió a mí nunca, ningún técnico ni ningún interventor de que eso era irregular porque abogados se han contratado a decenas", ha subrayado.

La primera autoridad melillense desde el año 2000 ha admitido no obstante que no comprende por qué le han imputado por una cuestión así. "No lo entiendo", ha admitido, si bien ha recalcado que está "la mar de tranquilo y dispuesto desde este mismo momento".

"Estoy a disposición del Tribunal Supremo para ir ya a que me pregunten y yo a dar mi versión, que es la que tengo y la que tengo es la verdad, que no tengo nada que ver en esta historia ni tengo ningún sentimiento de ningún tipo de que se haya conculcado una ley, ni me han advertido y por supuesto, ni me he llevado un duro como siempre" ha concluido.

IMPUTACIÓN

Imbroda ha hecho estas declaraciones desde Ceuta, donde se encuentra de viaje, participando en una cumbre bilateral con el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas, también del PP.

El presidente melillense ha hablado después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya abierto causa contra él por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado con fondos públicos.

En el auto notificado este jueves el alto tribunal decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, nombrar como instructor de la causa al magistrado Francisco Montenerde y que el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía indicios de delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local.