La Policía Nacional ha desmantelado una organización que, presuntamente, ha captado en los últimos años unas 300 mujeres de Rumanía en situación de necesidad económica para obligarles a ejercer la prostitución en un club de alterne de Calpe (Alicante).

Según un comunicado de la Policía, esta red operaba desde 2005 y, supuestamente, ha obtenido decenas de millones de euros de beneficios.

La organización utilizaba un concesionario de compra-venta de vehículos usados para blanquear parte de los beneficios obtenidos de la explotación de las mujeres.

En el marco de una investigación policial hispano-rumana, se ha destapado que la red captaba a las jóvenes en Rumanía cuando aún eran menores de edad y que, una vez en España, las obligaba a ejercer la prostitución en el local de Calpe.

Obligaban a las víctimas a prostituirse en jornadas de 12 horas diarias (de 16 a 4 horas) para llegar a recibir 500 euros diarios aunque se quedaban con todo lo percibido bajo amenazas, violencia física y falsas promesas de futuras compras de casas en Rumanía a las mujeres, que en realidad no veían ningún dinero.

Se ha podido comprobar que alguna de estas jóvenes llegaron a percibir hasta 200.000 euros en un año por sus servicios sexuales.

En el momento del operativo han sido liberadas 27 mujeres de entre 18 y poco más de 20 años (14 en España y 13 en Rumanía) y se ha incautado cuantioso dinero en efectivo y efectos, incluidas viviendas y vehículos, por un valor aproximado de 1 millón de euros.

La operación se inició a raíz de la denuncia de la familia rumana de una de las chicas y el "modus operandi" consistía en que miembros de la red afincados en la pequeña ciudad de Mizil, de unos 14.000 habitantes y al oeste de Bucarest, identificaban y controlaban a jóvenes de 17 años de bajos estratos sociales y económicos para, una vez cumplida la mayoría de edad, engañarlas y trasladarlas a Alicante para someterlas bajo un "férreo control".

Cosidó ha destacado la "magnífica" colaboración con las autoridades policiales y judiciales de Rumanía a través de la Unidad de Cooperación Judicial de la UE (Eurojust), y ha sostenido que esta ayuda es fundamental para combatir eficazmente las redes ya que no sirve de mucho desmantelarlas en el punto de destino si siguen intactas en el origen.

Esta organización criminal comenzó a actuar en 2005 en el Reino Unido y desde 2011 eligió el club de Alfaz del Pi, a donde llevaban a las mujeres controladas desde viviendas situadas en Calpe.

La investigación, que coordina el juzgado de Instrucción número 3 de Dénia, sigue abierta, especialmente para determinar el patrimonio de la red y los pormenores del blanqueo de los capitales.

El director general de la Policía, que ha valorado el papel de varias ONG a la hora de ayudar a las mujeres liberadas, ha asegurado que el Gobierno está comprometido en "acabar con esta forma de esclavitud del siglo XXI" y, para ello, ha pedido la colaboración ciudadana a través del teléfono 900 10 50 90 y la dirección de email trata@policia.es.

En la conferencia de prensa han estado presentes varios mandos responsables, entre ellos el jefe de la Unidad central contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif), José María Moreno, y el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez.

Por parte española, han participado en la operación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y la brigada provincial de Extranjería y Fronteras y de Seguridad Ciudadana de Alicante, entre otras unidades.