El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de este grupo en las Cortes de Aragón, Alfredo Boné, ha asegurado que la Comunidad autónoma "ha ganado una nueva batalla contra los trasvases" después de que el Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso interpuesto en 2014 por el Parlamento aragonés contra los preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental que regulan el trasvase Tajo-Segura.

Boné ha mostrado su satisfacción por el "deber cumplido" ante la sentencia del TC "que anula varios preceptos trasvasistas" de la Ley de Evaluación Ambiental y ha recordado que fue el PAR quien tomó la iniciativa en las Cortes contra esta ley en noviembre de 2013, "a la que también nos opusimos frontalmente y votamos en contra en el Senado".

Para el portavoz del PAR, la sentencia del Constitucional "pone en valor una vez más el Estatuto de Autonomía de Aragón". Además, Boné ha reiterado "la oposición frontal a cualquier trasvase del Ebro" y "la obligación de los aragoneses de actuar con total contundencia para cerrar cualquier rendija" que los permita.

En este sentido, el PAR ha indicado que las Cortes de Aragón también solicitaron al Gobierno autonómico elaborar un informe jurídico "para la interposición de los recursos judiciales oportunos en tiempo y forma".

Asimismo, en la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico, Boné reclamó en ese momento un informe de los servicios jurídicos de las Cortes, que se elaboró hace un año y que "fue contundente sobre los vicios de constitucionalidad".

Ley de evaluación ambiental

El PAR ha apuntado que durante la tramitación de la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental se introdujo una Disposición Final Cuarta que modificaba el artículo 72 de la Ley de Aguas y "facilitaba la cesión de derechos de aguas intercuencas, algo que la ley restringía a casos excepcionales y aprobados con rango de ley".

Según esa modificación, ha continuado, "sería suficiente una mera autorización de la Dirección General del Agua para autorizar directamente estas cesiones de derechos".

Este cambio se realizó a través de una enmienda. Asimismo, había otra que introdujo una Disposición Final Quinta que modificaba la Ley del Plan Hidrológico Nacional y regulaba la obligación de informar anualmente al Congreso y Senado del volumen y destino de los caudales transportados por el Trasvase Tajo-Segura.

Mediante este cambio legal, "válido para cualquier trasvase", el Gobierno central "adoptaba nuevas potestades en la fijación de los valores de referencia y el agua máxima que puede trasvasarse para el consumo mensual de la demarcación receptora, así como los desembalses necesarios para satisfacer los consumos propios de la demarcación cedente".

De esta forma, quedaba anulada la participación de los organismos de cuenca y por lo tanto de las Comunidades autónomas en estos procesos, circunstancia que rechazó el PAR.