Los Ministerios de Trabajo y Justicia están estudiando cómo modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las mujeres víctimas de la violencia de género estén obligadas a declarar contra su agresor, aunque mantengan un vínculo familiar.

Actualmente, el artículo 416 de la citada norma dispensa de la obligación de declarar a los parientes de hasta segundo grado de consanguinidad de un procesado, para evitar que su declaración le comprometa.

La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarna Orozco, explicó que la violencia de género "ha distorsionado esta dispensa" porque la mujer "es al mismo tiempo familiar y víctima", y sin su declaración en la mayoría de los casos se acaba retirando la acusación.

"Es importante que la mujer declare" contra su pareja, subrayó, porque, de lo contrario, lo que ocurre es que "la mujer se siente culpable e intenta rehabilitar o perdonarle y, lamentablemente, esos casos suelen acabar en muerte".

Además, Soledad Murillo apuntó que "sin denuncia no se puede poner en marcha el aparato protector de la justicia".

Recordó que, durante la tramitación de la Ley de Igualdad, el Gobierno, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, propuso modificar este artículo para proteger a las víctimas de la violencia de género pero la propuesta no fue aceptada por los grupos.

Sin embargo, opinó Murillo, las leyes hay que "redefinirlas, readaptarlas y repensarlas" para adecuarlas a la sociedad y, en este caso concreto, a la realidad de la violencia de género.

Ambas mujeres hicieron estas declaraciones a la prensa después de suscribir una adenda (un añadido al convenio de colaboración contra la Violencia de Género de noviembre de 2006) con el presidente de Adif, Antonio González, para poner en marcha una campaña de sensibilización sobre la violencia de género.

Gracias a este convenio, una exposición itinerante para sensibilizar a la sociedad contra la violencia de género pasará por las estaciones de Zaragoza, Vigo, Sevilla, Valencia, Camp de Tarragona, Vitoria y Santander.

Trabajo y Adif estudian además que la exposición se extienda a las estaciones de Atocha (Madrid) y María Zambrano (Málaga).

En lo que va de año, el Gobierno ha contabilizado 23 muertes por violencia de género y, en colaboración con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General del Poder Judicial, analiza si otras cuatro muertes recientes (del mes de mayo) son resultado de la violencia sexista, según Encarna Orozco.