Acusan al PP de hinchar el censo en Ulea, Abanilla...

El PP es una banda de foragidos que solo estan en politica para robar.


22/05/2007
¿Dimitirá ahora Valcárcel como prometió?
Familiares del presidente murciano, vinculados a 8 inmobiliarias
ELPLURAL.COM
El presidente murciano y aspirante a la reelección en los próximos comicios, Ramón Luis Valcárcel, retó al candidato socialista, Pedro Saura, a que le demostrara la vinculación de ocho familiares suyos a empresas inmobiliarias. Lo hizo en el trancurso de un debate en la televisión autonómica Canal 6, cuando, tras negar las acusaciones del socialista de que el entorno familiar de Valcárcel es propietario de ocho empresas inmobiliarias, le contestó que si lo demostraba, se iría de la política, pero que si no lo conseguía, tendría que ser Saura el que abandonara la vida pública.
Tras ello, los socialistas murcianos pusieron a disposición de los medios las páginas del registro mercantil que prueba que los hermanos del presidente murciano y los cuñados son, en la actualidad, los propietarios de al menos 11 empresas dedicadas en parte a la promoción inmobiliaria y la construcción, según publicó La Verdad de Murcia.

Donde dije digo...
Pese a la evidencia, Valcárcel exigió la renuncia de su contrincante y aseguró que las empresas de su familia no se dedican exclusivamente a la actividad inmobiliaria. Los internautas no han tardado en dar la réplica al presidente murciano a través de youtube. No sólo han encontrado los ocho vínculos a los que se refirió el candidato socialista sino que le han añadido uno más.

Si solo hinchasen el censo...22 imputados del PP en las listas que verguenza.

Siete miembros del gobierno regional, nueve alcaldes...
El PP murciano va a las elecciones con 22 militantes imputados
VMPRESS / FRANCISCO M. MARTÍNEZ
El Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel se presenta a la reelección a un quinto mandato a la comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en los tribunales de justicia a 22 destacados militantes de su partido, entre éstos a siete cargos de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y siete concejales. La siguiente es, grosso modo, una cartografía de la corrupción urbanística con la que el PP en la comunidad murciana se presenta a las elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un siniestro cártel de la corrupción política.
La lista de imputados la encabezan tres directores generales (uno de ellos inmerso en dos procesos), una ex directora general (esposa de uno de los directores generales imputados), un subdirector general y dos jefes de servicio. Le siguen los alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea, Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos querellas), y que se presentan como candidatos a la reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a siete concejales, entre estos, todo el gobierno local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex concejales, dos arquitectos municipales y un secretario de corporación de ayuntamientos gobernados por el PP.

Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se siguen en los tribunales de justicia investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula. El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de descontaminación de una laguna en la sierra minera de La Unión, diligencias que deberán culminarse a lo largo de este mes de mayo.

Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa de la corrupción en la comunidad murciana se siguen por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, el medio natural y la ordenación del territorio. Van desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Y todo ello al calor de un urbanismo desaforado hasta ahora desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno Aznar hace escasos días derogada por el gobierno Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de ordenamiento territorial en la región murciana puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que desprotegen más de once mil hectáreas de su patrimonio natural, tanto en la costa como en el interior y que, como la de su correligionario, aboga por la liberación total del suelo para su urbanización.

Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos, hay proyectadas construir en la región murciana entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf, para una población residencial que duplicaría o triplicaría la población actual, en una región situada en el ecumene del equilibrio ecológico y con un déficit hídrico histórico y estructural, una extensa plataforma agraria y con un serio proceso de desertificación

Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte de los espacios municipales de la región y que tiene judicializadas las actuaciones políticas del PP de los últimos años se ha convertido en centro de debate en la presente campaña electoral de municipales y autonómicas. Es un asunto central en los mítines del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura. Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió públicamente a exigir responsabilidades políticas cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones de los altos cargos del PP”.

Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los Verdes a la comunidad murciana, José Antonio Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a sus militantes imputados de sus cargos públicos, sino que, en el caso de los alcaldes y concejales, los mantiene en sus listas electorales del domingo 27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que la cabeza de toda esta corrupción es el propio Valcárcel.

La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco altos cargos de su gobierno están gravemente imputados en el procedimiento que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos destacados militantes del PP. La investigación sobre la reclasificación urbanística de este paraje protegido por la Unión Europea apunta la posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra los imputados son gravísimos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.

Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales intactos en la región de Murcia y está declarado por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este espacio natural está situado en la sierra de la Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece al municipio de Águilas. Para su especial protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través del Proyecto Life.

Las trampas se le dan de maravilla a Valcarcel y al PP.

22 imputados del PP en las listas que verguenza.

Siete miembros del gobierno regional, nueve alcaldes...
El PP murciano va a las elecciones con 22 militantes imputados
VMPRESS / FRANCISCO M. MARTÍNEZ
El Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel se presenta a la reelección a un quinto mandato a la comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en los tribunales de justicia a 22 destacados militantes de su partido, entre éstos a siete cargos de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y siete concejales. La siguiente es, grosso modo, una cartografía de la corrupción urbanística con la que el PP en la comunidad murciana se presenta a las elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un siniestro cártel de la corrupción política.
La lista de imputados la encabezan tres directores generales (uno de ellos inmerso en dos procesos), una ex directora general (esposa de uno de los directores generales imputados), un subdirector general y dos jefes de servicio. Le siguen los alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea, Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos querellas), y que se presentan como candidatos a la reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a siete concejales, entre estos, todo el gobierno local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex concejales, dos arquitectos municipales y un secretario de corporación de ayuntamientos gobernados por el PP, que llevan 22 imputados por corrupcion en sus listas.

Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se siguen en los tribunales de justicia investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula. El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de descontaminación de una laguna en la sierra minera de La Unión, diligencias que deberán culminarse a lo largo de este mes de mayo.

Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa de la corrupción en la comunidad murciana se siguen por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, el medio natural y la ordenación del territorio. Van desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Y todo ello al calor de un urbanismo desaforado hasta ahora desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno Aznar hace escasos días derogada por el gobierno Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de ordenamiento territorial en la región murciana puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que desprotegen más de once mil hectáreas de su patrimonio natural, tanto en la costa como en el interior y que, como la de su correligionario, aboga por la liberación total del suelo para su urbanización.

Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos, hay proyectadas construir en la región murciana entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf, para una población residencial que duplicaría o triplicaría la población actual, en una región situada en el ecumene del equilibrio ecológico y con un déficit hídrico histórico y estructural, una extensa plataforma agraria y con un serio proceso de desertificación

Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte de los espacios municipales de la región y que tiene judicializadas las actuaciones políticas del PP de los últimos años se ha convertido en centro de debate en la presente campaña electoral de municipales y autonómicas. Es un asunto central en los mítines del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura. Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió públicamente a exigir responsabilidades políticas cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones de los altos cargos del PP”.

Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los Verdes a la comunidad murciana, José Antonio Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a sus militantes imputados de sus cargos públicos, sino que, en el caso de los alcaldes y concejales, los mantiene en sus listas electorales del domingo 27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que la cabeza de toda esta corrupción es el propio Valcárcel.

La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco altos cargos de su gobierno están gravemente imputados en el procedimiento que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos destacados militantes del PP. La investigación sobre la reclasificación urbanística de este paraje protegido por la Unión Europea apunta la posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra los imputados son gravísimos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.

Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales intactos en la región de Murcia y está declarado por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este espacio natural está situado en la sierra de la Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece al municipio de Águilas. Para su especial protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través del Proyecto Life.

El Psoe murciano pierde el rumbo


En los dos últimos años la política regional se ha visto sometida a un nivel de vileza y descalificación de la que no teníamos precedentes ni siquiera en los últimos años del gobierno socialista en Murcia. Tras el triunfo del PSOE en las elecciones nacionales, los socialistas murcianos cambiaron a ojos vistas su estrategia con el fin de convencer a los electores de que el PP era un partido ultraderechista, corrupto y ligado a mafias internacionales, porque parece que las nacionales se les quedaban pequeñas. Como bien saben todos los que se han formado en el agitprop, en estas cosas no importa tanto la verdad, como repetir el mensaje una y otra vez. Ahora bien, como la verdad ayuda, se han dedicado a intentar buscarla denodadamente, con la ayuda de sus medios afines. El espectáculo ha sido bochornoso: se ha examinado la vida pública y privada de todos los cargos electos del PP murciano, se han magnificado menudencias, se han falsificado documentos y un largo etcétera. El resultado para el Partido Socialista no ha podido ser más desolador: se les han probado irregularidades urbanísticas a distintos miembros de la cúpula de su partido; han sido los únicos castigados por la justicia; y, de nuevo, han sido los únicos que se han visto implicados en las tramas de corrupción nacionales, por lo que han tenido que dimitir dos alcaldes socialistas.

El único resultado tangible que han obtenido es el desprestigio de las instituciones democráticas (acusa, que algo queda) de las que tardarán en recuperarse, y el desprestigio de la Región de Murcia ante inversores nacionales e internacionales y posibles turistas. La región del Mediterráneo español con las costas mejor conservadas aparece como la abanderada de la destrucción por causa de resorts que se construyen a muchos kilómetros de distancia de las playas.

Fracasados asuntos como Puerto Mayor, Lo Poyo, etc., ahora la estrella es La Zerrichera, pues saben que el juez no podrá decir nada hasta después de las elecciones, cuando ya nada importe. Los esfuerzos del Ayuntamiento de Águilas por sacar a su pueblo de su marginación en la Región, por no perder el ritmo del desarrollo, se ven zancadilleados por la izquierda murciana, que entiende que se construya en la Zerrichera que pertenece a Lorca y no en la que pertenece a Águilas. Éste les parece el gran escándalo regional. Por no hablar de los ecólatras, que ni antes quisieron los invernaderos, ni ahora consienten el turismo o las carreteras, para los que una Región de Murcia sostenible debe de ser una Región de Murcia sin murcianos.

Sin embargo, para mí el gran escándalo regional es el del Barrio de la Paz. Como sabrán los lectores, el Barrio de la Paz es un conjunto de viviendas sociales realizadas por el franquismo, pequeñas, de mala calidad, sin plazas de garajes o trasteros, en las que viven centeneras de familias que no tienen recursos para comprarse alguna mejor, pues quienes pudieron abandonar el barrio, lo hicieron hace años. Pero el destino les tenía preparada una agradable sorpresa: el crecimiento de Murcia en los últimos diez años ha colocado su barrio prácticamente en el centro de la ciudad, revalorizando el suelo en el que se levantan sus casas. Un gran promotor murciano, López Rejas, les ofrece una vivienda nueva, con plaza de garaje y más grande a todos los propietarios si le ceden el suelo para levantar el barrio de nuevo. Además, les pagará todos los gastos de alquileres durante el período en el que deben abandonar sus actuales hogares. Los vecinos están, obviamente, entusiasmados. Van a tener una vivienda mejor, crece el valor de su propiedad, y encima no les va a costar ni un céntimo. López Rejas no es Teresa de Calcuta, y eso hace creíble su oferta. Él va a construir más viviendas y con ello financiará la operación y ganará dinero. Es legítimo. Los empresarios ganan dinero porque ofrecen algo a los demás que quieren comprar.

El Ayuntamiento de Murcia ha reaccionado como debe: prestando toda su ayuda a que el proyecto salga adelante. Desde el punto de vista social, es el proyecto más importante de la historia democrática de la ciudad y haber contribuido a que esto sea posible será un motivo de legítimo orgullo para Miguel Ángel Cámara durante toda su vida. ¿Dónde está el escándalo aquí? Pues en que la izquierda murciana, con todo su poder, ha cerrado filas para impedir que el proyecto salga adelante.

El nivel intelectual de las acusaciones es realmente delirante. La que más se repite es que López Rejas quiere ganar dinero. ¿Quién no? Pero no se engañen. El éxito de la colaboración entre una promotora –la encarnación de todos los males en el discurso de la izquierda radical que monopoliza la política española– y los poderes públicos pondría de manifiesto que es posible que la sociedad civil colabore con el Estado sin que sea éste el que tenga que controlar cómo vivimos, qué comemos y qué pensamos. Por ello harán todo lo posible para que fracase. Y a los pobres, ya les pintarán sus casas y pondrán arbolitos en sus parques.

Pedro Saura votó como concejal un acuerdo que favoreció a su familia
Apoyó en 1997 una modificación urbanística en Torre Pacheco para que un edificio propiedad de su padre y su tío no perdiera superficie
Pedro Saura, secretario general del PSRM-PSOE y diputado en el Congreso, votó a favor de una modificación urbanística que benefició a su padre y a su tío, cuando era portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, el 29 de diciembre de 1997. La modificación de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico consistió en impedir el retranqueo de un edificio propiedad de su familia -enclavado dentro del casco urbano- lo cual evitó la pérdida de un volumen de edificación de 144,5 metros cuadrados. La petición para que la finca -donde Saura tiene ahora su residencia- no sufriera un corte en toda su longitud fue formulada por su padre y por su tío en una petición dirigida al Ayuntamiento en julio de ese año.

Pedro Saura dijo ayer no acordarse con exactitud de si votó o no aquel día, pero que en el caso de haberlo hecho no habría incurrido en ninguna incompatibilidad. Según las actas del Pleno, una vez que La Verdad pudo comprobarlas ayer, Pedro Saura votó como concejal a favor del expediente que contenía quince modificaciones urbanísticas, entre ellas la de su familia. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, debió abstenerse por motivos de consanguinidad.

El voto del entonces portavoz municipal del PSOE no fue decisivo en aquel Pleno para que prosperara la aprobación provisional de la reforma urbanística. El concejal de IU votó en contra, mientras que los siete ediles independientes se abstuvieron en ese punto. Votaron a favor los 5 del PP y los 4 del PSOE. En el siguiente Pleno del 5 de febrero de 1998, se ratificó el acuerdo anterior, sin que Pedro Saura hiciera constar nada referido al sentido de su voto.

El líder socialista, no obstante, sí abandonó la sesión plenaria del 10 de julio de ese año donde se aprobaron finalmente las correcciones exigidas por la Consejería de Política Territorial sobre varias parcelas del municipio, entre ellas la de su familia. Según figura en el acta, se ausentó de la sesión antes de debatirse el punto en cuestión, con permiso del presidente y sin aducir el motivo. La Consejería había decidido suspender las modificaciones que beneficiaban a la familia de Pedro Saura (además de a otras cinco), aprobadas en el Pleno de diciembre, hasta que no se subsanaran varias deficiencias, cosa que hizo la Concejalía de Urbanismo.

Las quince peticiones para modificar las normas de planeamiento se hicieron a propuesta de particulares y del Ayuntamiento. En el caso de la propiedad de la familia de Saura, la solicitud la cursaron su padre y su tío como propietarios del edificio emplazado entre la calle Boqueras, la plaza de los Mártires y carretera de Balsicas. La fachada que da a esta última debía sufrir un corte en toda su longitud, que respondía, según sus familiares, a una antigua alineación. A su juicio, el corte quedaba obsoleto, y siendo la calle de dirección única, «no afectaría a la normal circulación»..

Vota por la esperanza, por el cambio en tu ciudad, poblacion, pedania y Comunidad Autonoma.
"Los hechos del PP ( durante 4 años de gobierno) nos gritan tan fuerte al oido que es imposible oir lo que nos dicen ahora, más y más mentiras".

El PP exige a Saura que depure responsabilidades por los nueve condenados en el PSOE


El candidato Popular Quiñonero ha criticado la política sucia que emprendido el PSOE. “Se está confirmando lo que venimos denunciado, la política instaurada por Saura basada en los ataques personales, de ofensas y de difamación a miembros del Partido Popular”.



“Exigimos a Saura que depure responsabilidades políticas en su partido. Después de afirmar recientemente que un candidato con una multa pendiente de abonar no podía presentarse a ser elegido concejal de su municipio cabe preguntarse qué opina ahora de unos ediles que han sido condenados a pagar 6.000 euros cada uno por quedar probado que se ha calumniado a un alcalde. Se ha demostrado que los concejales del PSOE han realizado ataques personales que exceden el ámbito de la órbita política, que han sido ofensivos, difamatorios y han llegado a constituir una acusación delictiva como afirma la sentencia.

Quiñonero ha resaltado la “gravedad de los hechos que se ponen de manifiesto en la sentencia, porque condena todo el Grupo Municipal Socialista y destaca la responsabilidad de las falsas acusaciones de Alfonso Martínez Baños”.

Martín Quiñonero ha precisado que “Alfonso Martínez Baños es persona de confianza de Saura; es miembro de la Ejecutiva del PSRM y candidato del PSOE a la Asamblea Regional por la Circunscripción del Guadalentín”.

El candidato del PP ha recordado que son ya nueve los miembros del PSOE condenados por esta causa. “La reciente sentencia del Juzgado número 3 de Totana hace justicia sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen del actual alcalde de Totana, Juan Morales”.

Además, ha señalado que “hay dos miembros de la ejecutiva de su partido condenados por sus calumnias y difamaciones”, ya que el responsable de Medio Ambiente del PSRM, David Illán ha sido condenado por falsificar actas públicas para difamar a un concejal del PP.

Por este motivo, el candidato del PP ha reclamado a Saura “que deje de buscar la paja en el ojo ajeno y mire a su alrededor”, a la vez que le ha insistido en que “no condene antes de juzgar y respete la presunción de inocencia”.

“Basta ya de falsas acusaciones, es hora de que dejen de jugar con la honorabilidad, el buen nombre y la decencia de los miembros del PP”, ha concluido.

Vota por que te roben, por la inseguridad ciudadana, porque te pudran de nuevo la región, tu ciudad o tu pueblo.

BOTA PSOE

DE ROBAR EL CAMPEON DE ESPAÑA Y MURCIA ES EL PP CON DIFERENCIA.

Creo que Pedro Saura no debería ni presentarse a las elecciones. Bastante ridiculo está haciendo ya, como para seguir siendo el hazmereir de todos los murcianos. El partido socialista tardará siglos en ser una alternativa política en nuestra región, mientras siga con esa actitud de perjudicar a nuestra región contínuamente.