El Gobierno y el sindicato CSI-F negocian desde hace más de un año un protocolo antiagresiones que tendrán que seguir todos los trabajadores de la Administración General del Estado, un protocolo que de momento está estancado, según destacan fuentes presentes en la negociación, porque el Ejecutivo no quiere incluir en él a los 24.000 funcionarios que trabajan en las prisiones españolas. Como novedad, el borrador del protocolo recoge como "comportamiento amenazante" los gestos violentos (como puede ser que un ciudadano amenace a un funcionario pasando el dedo por el cuello simulando que se lo quiere cortar) y las grabaciones a funcionarios con dispositivos móviles. Por contra, CSI-F no ha conseguido que el sistema de grabaciones telefónicas que se usa en varios departamentos (como en las oficinas de empleo y de la seguridad social) se incluya como medida de protección ante las agresiones verbales.

El protocolo se empezó a negociar a finales de 2013 después de que CSI-F detectara un incremento significativo de agresiones a funcionarios en las oficinas de empleo, "seguramente por ser este el lugar donde los ciudadanos, golpeados por la crisis, muestran más síntomas de malestar", señala uno de los portavoces del sindicato que ha negociado el borrador. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no lleva un registro de agresiones a los funcionarios estatales, pero CSI-F contabilizó en los años 2011, 2012 y 2013 unas 460 agresiones en las oficinas de empleo. "Un dato preocupante que fue punto de partida para empezar a negociar". Unos 6.500 funcionarios trabajan en las 711 oficinas de empleo distribuidas por toda España, lo que supone una media de 9 trabajadores y 440 desempleados por oficina. Por ejemplo, dos funcionarios de las oficinas de empleo de Manises y Meliana (ambas en la Comunidad Valenciana) fueron agredidos en febrero. A uno le rompieron las gafas y al otro le destrozaron su mesa de trabajo.

El protocolo incluirá a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, unos 220.000 (según los últimos datos oficiales de julio de 2014), aunque se quedan fuera todos los funcionarios de Educación y Sanidad (por depender de las Comunidades), los militares, policías nacionales y guardias civiles. Están incluidos todos los funcionarios civiles de Interior y Defensa. Estos últimos han sido añadidos a última hora, ya que el Ejecutivo no quería, "pero el acuerdo es que estén los funcionarios civiles de Defensa", explican en CSI-F, que no ha conseguido en cambio que el Gobierno ceda en cuanto a los funcionarios de prisiones. "Deben estar, es innegociable para nosotros. Son un colectivo que sufre muchas agresiones". Como ya publicó 20minutos, entre 2003 y 2013 (ambos años inclusive) los funcionarios de prisiones han sufrido 2.882 ataques, uno cada dos días. Este obstáculo ha paralizado, de momento, las negociaciones. Un portavoz de Hacienda y Administraciones Públicas señala que está estudiando aún si se incluye o no a los funcionarios de prisiones. "La decisión no está tomada".

"Los más importante de este protocolo es que la Administración se interesa por sus trabajadores, y que habla de prevención. No solo hay que esperar a que se produzca la agresión". Para ello se prevén acciones formativas a los empleados públicos y campañas de sensibilización a los usuarios. CSI-F destaca que el sistema de gestión de cita previa también ha sido importante para evitar masificaciones y, por tanto, situaciones tensas. El protocolo reconoce que existen una serie de situaciones que incitan a que se produzcan episodios de riesgo, como pueden ser un tiempo excesivo de espera en la atención al ciudadano, la falta de información, la falta de señalización, poco espacio disponible en los centros públicos, poca limpieza y confort. Además de una atención poco profesional.

El borrador se basa en cierta medida en un protocolo que acaba de poner en marcha la dirección provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real, un proyecto pionero en esta materia. ¿Qué se entiende como agresión? No solo el ataque físico, también "las conductas verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas y que acosen". Como novedad, el protocolo incluye las amenazas gestuales y las grabaciones con dispositivos móviles a los funcionarios.

Una vez que se produzca una agresión, el funcionario debe informar a su superior y a los equipos de seguridad privada si los hubiera. "Este es uno de los déficit de la Administración. No hay vigilancia en todos los centros". Si es preciso, hay que avisar a los Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Subdelegación o Delegación del Gobierno si la agresión es lo suficientemente grave para que intervenga la Fiscalía en una posible denuncia. Toda agresión debe tener una investigación interna, "ya que también se trata de un accidente laboral". El funcionario nunca debe responder a la agresión.

Por último, los responsables de los centros deberán implementar una metodología para recopilar información. Hacienda ha creado un modelo de notificación de agresiones, que servirá para alimentar un registro estadístico. Este modelo incluirá información sobre la agresión, sus consecuencias (lesiones físicas, daños materiales...), si ha intervenido la Policía o lo vigilantes privados, declaraciones de testigos, si ha habido denuncia, parte médico o baja laboral.

Los sindicatos querían que la Administración incluyera el sistema de grabación telefónica que se usa en algunos departamentos para prevenir las agresiones, ya que se producen muchos ataques verbales cuando un ciudadano se comunica telefónicamente con un empleado público. En diciembre del año pasado, la Seguridad Social creó un fichero que contendrá las grabaciones telefónicas, pero el Ejecutivo se ha negado a usarlo con un fin distinto que no sea la atención al público.

No obstante, como paso previo al protocolo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí puso en marcha el 1 de abril de 2014 un seguro jurídico para empleados públicos "que garantiza la defensa jurídica, tanto de funcionarios como de personal laboral, en el ejercicio de sus funciones en caso de sufrir daños por agresión verbal o física por terceros". Esta póliza cubre los daños corporales sufridos tras una agresión, "los daños inmateriales derivados de una agresión verbal", así como los daños materiales que se produzcan en los vehículos de los funcionarios.

El protocolo, ya redactado, sigue en punto muerto hasta que Gobierno y sindicatos lleguen a un punto de encuentro sobre si los funcionarios de prisiones deben o no ser incluidos en él. De momento, CSI-F ha convocado paros y protestas en marzo en las oficinas de empleo, las más castigadas por las agresiones. CSI-F denuncia el déficit de la plantilla y la elevada carga de trabajo, en un servicio que debe asumir más de 25 millones de consultas ciudadanas presenciales. Cada trabajador atiende una media de 5.300 atenciones ciudadanas anuales.