El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido que la Administración autonómica habilite un mecanismo de información a los interesados sobre la situación de su expediente para acceder a una vivienda social, en coordinación con las entidades colaboradoras con la gestión de las bolsas de este tipo de inmuebles.

Asimismo, ha solicitado que se intensifiquen los esfuerzos para resolver y dar respuesta, con la mayor brevedad y agilidad, a las solicitudes de viviendas incluidas en dicha red.

Así lo ha resulto la institución del Justicia después de recibir una queja de una ciudadana en la que se explicaba que se había solicitado una vivienda social de alquiler en Huesca, que fue aprobada por cumplir los requisitos, pero que carecía de información sobre el proceso.

La ciudadana indicaba que al preguntar por el proceso a las tres fundaciones encargadas de las asignaciones, estas le precisaban que estaban a la espera de que el Gobierno de Aragón les proporcionase las viviendas. "Me marean de un lado a otro y nadie sabe nada", ha relatado esta persona, al tiempo que ha manifestado en su queja que tiene "una grave situación".

Por su parte, en un informe remitido al Justicia de Aragón, la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno autonómico, María Belén Corcoy, ha manifestado que el Departamento intenta dar solución a los problemas, que debido a la situación económica, se presentan en relación con el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Respecto a la queja en concreto, ha asegurado que "su solicitud corresponde al año 2014 y se están asignando viviendas a los beneficiarios del año 2013".

Nada que objetar

El Justicia de Aragón ha afirmado que no hay nada que objetar al procedimiento seguido por la Administración en este supuesto ya que es conforme con lo señalado en el Decreto 102/2013, de 11 de junio, y en la Orden de 12 de agosto de 2013, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.

También ha indicado que es consciente de la complejidad del procedimiento y del esfuerzo que se viene realizando para dar solución a las numerosas solicitudes presentadas para esta tipología de viviendas, dada la situación económica de muchas familias.

Sin embargo, en enero de 2015 todavía se están asignando viviendas a los beneficiarios del año 2013, que presentaron su solicitud a partir del 21 de agosto de 2013, fecha de publicación de la orden y están pendientes de asignar las solicitudes del año 2014.

Además, ha precisado que los ciudadanos reciben la resolución por la que se les informa de que cumplen las condiciones para ser beneficiarios de una vivienda de alquiler social dentro del plazo señalado por la orden y aunque la norma establece que dicho reconocimiento no determina por sí solo el derecho a la asignación de una vivienda, a los interesados "les produce inseguridad e inquietud".

En este sentido, ha precisado que esto les ocurre porque transcurre el tiempo y no conocen el plazo aproximado en el que podrán disponer de una vivienda y si, en definitiva, podrán disponer de ella, ya que esta posibilidad está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Todo esto "les impide poder organizarse", máxime cuando están pendientes de un desahucio o un desalojo con fecha fijada de la vivienda que ocupan y por eso el Justicia ha considerado que el ciudadano ha de estar debidamente informado de las decisiones que le afectan.

INFORMACIÓN

El conocimiento de la situación concreta en que se encuentra su resolución de reconocimiento del derecho, la información sobre la relación de beneficiarios o de expedientes que figuran en la lista de asignación antes que él, así como la previsión de cuando podrá optar a una vivienda y las expectativas que puede tener "garantiza la seguridad jurídica del interesado", ha precisado.

Por el contrario, "la falta de información acerca de su solicitud puede privarle en ocasiones de adoptar otras soluciones para afrontar su problema". Además, puede generar una queja habitual de los beneficiarios que han recibido la resolución favorable y acuden al Justicia.

Por último, la institución del Justicia ha matizado que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común exige de los entes públicos el respeto del principio de transparencia en su actuación, lo que supone la obligación de resolver expresamente las pretensiones de los administrados y facilitarles la mayor información posible sobre el estado de los expedientes que se incoen a su instancia.