Erkoreka cree se debe contar con "el concurso" de PNV y CiU en el pacto contra el terrorismo yihadista

Dice que PSOE ha cedido a la presión del PP al asumir "esquemas punitivos" como la prisión permanente revisable
Josu Erkoreka
Josu Erkoreka
EUROPA PRESS
Josu Erkoreka

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que en el 'pacto contra el terrorismo yihadista' se debe contar con "la aportación y el concurso" de PNV y CIU, que gobiernan en Euskadi y Cataluña, respectivamente, comunidades autónomas con responsabilidades en materia de seguridad pública. Además, considera que el PSOE "ha cedido a la presión" del PP al asumir "esquemas punitivos", como la prisión permanente revisable, que habían sido rechazados por todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista.

En declaraciones a Europa Press, Erkoreka ha manifestado que "no se puede negar, en este momento, que el yihadismo puede ofrecer una amenaza real a la seguridad, y de hecho lo hace, particularmente en Europa".

Por ello, opina que "es bueno que se alcancen acuerdos entre partidos políticos para consensuar una estrategia que sea lo más eficaz posible para afrontar un riesgo a la seguridad que es nuevo, que se presenta con unos perfiles inéditos y que se han conocido aquí en el pasado".

"Eso es necesario y es bueno. Ahora, nosotros creemos que, si lo que se va a hacer es buscar fórmulas consensuadas para afrontar ese fenómeno de seguridad de la manera más acordada y unánime posible, sería bueno que los acuerdos no se cirscunscribieran al tándem bilateral PP-PSOE".

A su juicio, "sería bueno que todo aquel que tenga alguna responsabilidad institucional y, sobre todo, vinculada a la seguridad, pueda participar también en el proceso de consecución del acuerdos, haciendo sus aportaciones y recogiendo también sus condiciones".

PSOE

Para Josu Erkoreka, "en el caso actual, llama la atención la actitud del PSOE que parece que, en una cuestión que era de principio, ha cedido a una presión del PP" porque "no tenía por qué asumir", si se tiene en cuenta la lucha contra el yihadismo internacional y su incidencia en la seguridad pública".

En su opinión, esto no pasa "necesariamente por asumir determinados esquemas punitivos que, dentro del Estado español, solo ha defendido el PP", como en el caso de la 'prisión permanente revisable'.

Erkoreka considera que "ceder en ese punto no es un buen paso para diseñar una estrategia consensuada con el conjunto de las formaciones políticas, de manera que se le pueda hacer frente a este peligro de la manera más compartible posible".

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Prisión permanente revisable'

El portavoz del Gobierno vasco ha recordado que la 'prisión permanente revisable' es "el aspecto más visible de la última reforma del Código Penal, que refleja los esquemas punitivos rígidos, extremadamente firmes del PP, limitativos con el respeto a los derechos fundamentales, que todos los grupos parlamentarios rechazaron durante la tramitación en Cortes Generales del Proyecto de Ley".

"Es, por tanto, un planteamiento exclusivo del Partido Popular, que ahora, con el pretexto de la lucha contra el yihadismo, ha conseguido que sea asumido también por el PSOE", ha añadido.

En esta línea, ha dicho que, "para trabajar eficazmente contra el yihadismo internacional, seguramente, no era necesario asumir esos esquemas punitivos que no comparten la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales".

Además, ha indicado que "el hecho de que la seguridad pública sea una competencia compartida entre el Estado y algunas comunidades autónomas", que tienen atribuidas también competencias para asegurar el orden público y para gestionar sistemas de Policía, "era algo obligado contar también con su aportación, concurso y opinión".

Erkoreka cree que "el hecho de que, hasta la fecha, al menos, se haya soslayado este acuerdo, pone claramente de manifiesto las limitaciones de la estrategia impulsada desde el Gobierno central, que parece que solo considera válido e imprescindible el concurso del PSOE".

En esta línea, ha defendido que "el esfuerzo vaya mucho más allá de los límites del Partido Socialista", y ha destacado que el PNV tiene "responsabilidades institucionales directamente relacionadas con la seguridad pública, la consulta era obligada y sigue siendo obligada".

"Esperamos, por tanto, que esto no quede en lo que se ha hecho hasta la fecha y que todavía haya una disposición abierta por quienes han alcanzado este acuerdo para incorporar, con un criterio abierto y flexible, las aportaciones que podamos hacer el resto de formaciones políticas y las instituciones con responsabilidades en el ámbito de la seguridad pública", ha manifestado.

"no es un buen primer paso"

Josu Erkoreka ha señalado que "no es un buen síntoma el hecho de que el primer paso en la consecución del acuerdo haya supuesto la asunción por parte del PSOE" de la 'prisión permanente revisable' porque, "si era mala en el Código Penal, sigue siendo una medida mala y rechazable en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista".

Por ello, ha indicado que "el hecho de que ahí se haya dado un paso atrás podría entrañar el riesgo de que se esté en disposición de dar también pasos atrás en otros ámbitos vinculados con la defensa de los derechos fundamentales que están más directamente concernidos" cuando se habla de "la acción penal del Estado".

"En lo que nos toca, vamos a procurar que esto no sea así y, si recaban nuestra opinión, haremos alegaciones claras para que no se avance en la vulneración de derechos en lo que tiene que ser una estrategia necesaria e imprescindible de lucha contra el terrorismo yihadista, pero que, como toda lucha contra problemas vinculados con la seguridad pública, tiene que llevarse a cabo desde el más escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno central "ha acreditado una tendencia acusada a superar los límites infranqueables de la defensa y respeto de los derechos fundamentales", y ha recordado "el conflicto que se ha producido en torno a la previsión del Gobierno de que el Ejecutivo y los responsables de seguridad puedan intervenir las comunicaciones sin autorización judicial", rechazadas por el CGPJ por "manifiestamente inconstitucionales".

"Es un ejemplo elocuente de que el Gobierno tiene una querencia natural, una tendencia incontenible a incorporar a las estrategias de defensa de la seguridad pública, medidas limitativas de derechos fundamentales, que en un Estado de Derecho respetuoso con las libertades públicas no deben tolerarse. En la medida en que nos toca, trabajaremos para que esos límites no se superen en ningún caso", ha concluido.

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