La asociación Ecologistas en Acción ha lamentado, con motivo de la ruptura del pacto autonómico PSOE-IU, que se disuelva un gobierno que ha incumplido de forma "total y manifiesta" el programa que suscribieron para esta legislatura en materia de medio ambiente y urbanismo.

"Probablemente sea este incumplimiento en los tres años de legislatura y la nula voluntad de cumplirlo en el año que resta una de las causas que han llevado a Susana Díaz a disolver el Parlamento, con la creencia de que nadie le pedirá responsabilidades. La señora presidenta no puede aducir precisamente este adelanto electoral para justificar los incumplimientos del programa de gobierno, ya que ella es la única responsable de este adelanto injustificado, realizado precipitadamente por sus intereses personales y partidistas", ha criticado Ecologistas en una nota.

El colectivo expresa su creencia de que "los programas están para cumplirse", agregando que, en los ámbitos de medio ambiente y urbanismo, los incumplimientos son totales, pues "ni una sola ley de las comprometidas se ha aprobado, ni una de las medidas anunciadas se ha aplicado".

Entre los incumplimientos más "graves" y "flagrantes", según los conservacionistas, están, como leyes no aprobadas, la Ley Autonómica de Espacios Protegidos de Andalucía; la Ley de Fiscalidad Ecológica; la Ley de Movilidad Sostenible; y la Ley contra el Cambio Climático.

En cuanto a planes, proyectos y compromisos ni aprobados ni ejecutados, citan, entre otros, lograr que el 100 por ciento del territorio de Andalucía depure sus aguas en 2015; recuperar el buen estado ecológico de todas las masas de agua; impulsar una intervención integral en el río Guadalquivir; desarrollar el Plan Forestal de Andalucía; impulsar la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana; elaborar el Programa Andaluz de Suelos Contaminados; o impulsar a un modelo de ordenación del territorio ecológicamente sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado.

Asimismo, lamentan, se han quedado "en el cajón de los despropósitos" una serie de medidas de gran interés que reforzarían la transparencia, la participación y el control ciudadano de los gestores públicos, tales como la Ley de Participación Ciudadana e Institucional, los planes de evaluación participativa de las políticas públicas, la Carta de Derechos de la Ciudadanía, el Código Ético del Servicio Público Andaluz o la modificación del reglamento del Parlamento de Andalucía en materia de participación ciudadana.

"Ni siquiera han aprobado el Plan de Protección del Litoral que heredaron del anterior Gobierno, y que la actual consejera ha mantenido ralentizado sin siquiera plantear su aprobación en el Consejo de Gobierno", han agregado.