La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprobado una resolución que defiende todo el proceso judicial sobre los hechos del 4 de febrero del 2006, que acabaron con un guardia urbano en estado crítico durante un enfrentamiento con okupas. Además, sostiene que las denuncias por supuestos maltratos policiales a los varios detenidos se investigaron adecuadamente y posteriormente se archivaron dos veces.

El TSJC lamenta las "descalificaciones gratuitas" a la jueza instructora, a la Audiencia de Barcelona y al Tribunal Supremo. "No es aceptable, y mucho menos, si procede de instituciones", que se de credibilidad a Ciutat morta y a las declaraciones de personas interesadas "sin tan siquiera se hayan examinado las resoluciones judiciales", que se emitieron tras un proceso que "cumplió con todas las garantías exigibles".

Para llegar al veredicto, recuerda que la Sección Octava de la Audiencia escuchó a 50 personas —entre acusados, testigos y peritos—, visualizó seis documentos y examinó la documentación aportada durante la instrucción. De hecho, en el escrito enumera varios de los testigos que declararon en contra de la versión del tiesto y sostiene que el agente que quedó tetraplégico sí presentaba una herida compatible con el impacto de una piedra, cosa que se niega en el documental.

En cuanto a Patricia Heras, la joven que se suicidó, recuerda que el tribunal ya descartó que acudiera al Hospital del Mar por un accidente de bicicleta: presentaba lesiones contusiones y no lesiones por fricción —propias de una caída en bicicleta o moto—, la ropa no estaba dañada pese a la supuesta caída y no se encontró ninguna bicicleta. Además, ingresó 2.500 euros como compensación por las lesiones que causó a dos agentes.

Los magistrados aseguran que se respetaron los derechos constitucionales y legales de los acusados durante el proceso, como el de defensa y el de presunción de inocendia. Además, afirma que las denuncias de malos tratos fueron objeto de una "investigación suficiente y adecuada" y archivadas todas ellas por la justicia al entender que la actuación policial se ajustó a la legalidad.