Trabajadoras sociales alertan de que maltratadas sufren "victimización secundaria" por falta de recursos y coordinación

Censuran "trabas" policiales a los centros de información, falta de centros en Lugo, y problemas de inserción laboral y para acceder a ayudas
María Jesús Olivares y Karina Pérez (Colexio Oficial de Traballo Social)
María Jesús Olivares y Karina Pérez (Colexio Oficial de Traballo Social)
EUROPA PRESS
María Jesús Olivares y Karina Pérez (Colexio Oficial de Traballo Social)

El Colexio Oficial de Traballo Social ha hecho una radiografía este jueves sobre las diversas dificultades existentes en la Comunidad gallega para la atención integral a las víctimas de la violencia machista, con unos servicios sociales que "están colapsados", en los que faltan recursos y formación especializada para ayudar a las mujeres, mientras no existe "coordinación" con las fuerzas policiales y otros organismos, lo que deriva en una "victimización secundaria" de las personas maltratadas.

En su intervención en la comisión parlamentaria de igualdad para los derechos de las mujeres, María Jesús Olivares, del Colexio de Traballo Social, ha remarcado que "hay un largo camino que queda por recorrer" en Galicia para la aplicación de la ley orgánica de 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, ya que "la ley recoge pero no dota presupuestariamente".

Así, ha censurado que la labor de los trabajadores sociales "se desvaloriza" y "se trabaja en precario", mientras el Colexio alerta de que "son escasos" los centros de información a las mujeres (CIMs) que "mantuvieron la figura profesional" de estos empleados cualificados para actuar. Por ello, creen que el trabajo "de empoderamiento" de las víctimas de la violencia machista "va quedando relegado".

Por su parte, la trabajadora social Karina Pérez ha relatado la serie de dificultades existentes en Galicia. Y es que, aunque se recoge el derecho a la información de las mujeres, avisan de que "no está garantizado de igual modo para las mujeres gallegas según residan en uno u otro ayuntamiento".

Al respecto, ha llamado la atención sobre que en zonas de montaña de la provincia de Lugo, como A Fonsagrada o Meira, no existen ningún centro de información a la mujer.

También alertan de las dificultades para acceder al derecho de asistencia jurídica especializado, ya que en la provincia de Lugo "no es posible", "porque sigue sin existir un turno específico de violencia de género". Tampoco hay una asistencia integral psicológica, puesto que está vinculada sólo a un número de sesiones fijadas "previamente" con el Colexio de Psicoloxía.

Inserción laboral y ayudas

Otro de los problemas sobre los que han llamado la atención es el déficit de posibilidades de inserción laboral, que "no se está facilitando", mientras se deben "mejorar" los programas. Así, Karina Pérez ha hecho hincapié en que en la independencia económica reside buena parte de la clave para que las víctimas pueda "salir de la relación de violencia".

Y es que, según critican, el plazo de presentación de solicitudes para acceder al llamado salario de la libertad va de marzo a octubre, y ponen el foco sobre el problema que existe para las mujeres que presentan sus peticiones a partir de noviembre, ya que deben esperar al siguiente periodo. Como una de las condiciones para acceder a estas ayudas es haber roto con la violencia en los 12 meses anteriores, "se puede dar la situación" de que en el periodo siguiente haya mujeres que no cumplan los requisitos.

A esto se une que ayudas al alquiler llevan años "paralizadas" en varios ayuntamientos, mientras que la asistencia sanitaria, con las modificaciones de 2012, deja de ser "universal", lo que afecta sobre todo a mujeres en situaciones irregulares.

Casas de acogida y "trabas" policiales

Uno de los extremos a los que se ha referido María Jesús Olivares ha sido la situación de las casas de acogida, regidas por una orden de 1997 que debe ser actualizada. Considera esta experta que se debe apostar por profesionales multidisciplinares, con necesidad de coordinación y unificar criterios en los distintos centros de acogida, mientras que los recursos existentes "son insuficientes". Además, ha valorado que se crea el centro de recuperación integral en Santiago, aunque "sin plazas de acogida".

También han criticado el funcionamiento de la valoración policial del riesgo de las víctimas de violencia de género, que se hace a través de un programa informático, con agentes sin formación especializada y que puede ser "muy subjetivo", por lo que piden cambiarlo.

Asimismo, han criticado las "trabas" que ponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en su relación con los CIMs y la falta de coordinación con ellos, ya que en muchos casos ni se facilita a las víctimas la situación de riesgo que se establece para ellas, ni tampoco se quiere informar de esta cuestión a los centros de información a las mujeres, lo que hacer "perder un tiempo muy valioso" para la atención integral.

De hecho, "hay muchas mujeres" que "se pierden" tras hacer una denuncia y no conocen como acceder a los servicios de los CIMs. Por este motivo, las trabajadoras sociales piden estar en contacto directo con los juzgados para conocer la situación judicial en la que quedan las mujeres.

En esta línea, ha criticado que en algunos juzgados ni siquiera existe sala de separación para que agresor y víctima no estén en el mismo espacio. A modo de ejemplo, ha señalado que un caso reciente en Carballo, a la mujer se le mandó esperar en el bar de al lado del juzgado, en donde apareció un agente con un amigo del maltratador, creando una situación "violenta" para la víctima.

Además, señalan las complicaciones para el acompañamiento policial a mujeres en traslados, porque "depende todo y en la mayoría de los casos de la buena voluntad de los profesionales de turno", sin que exista un protocolo que, según lamentan, debería estar ya desarrollado.

Otras cuestiones a cambiar

Otros temas sobre los que se ha quejado el Colexio Oficial de Traballadores Sociais es que el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) "no tiene profesionales formados en violencia de género" y "se está aconsejado custodias compartidas" con maltratadores.

Tampoco existen recursos específicos para la atención de menores víctimas de violencia de género, ya que, por ejemplo, cuando las mujeres salen de centros de acogida se encuentran con que sus hijos están escolarizados en centros en donde no van a tener facilidades su día a día como comedores.

Además, se han referido a la situación de las mujeres que viven una violación, que "es una forma más de violencia de género", pero "no tienen un recurso al que acudir" en lo que consideran "una laguna".

En lo tocante a la sensibilización y prevención, subrayan que las únicas medidas existentes a nivel educativo o sanitario son "de carácter puntual", que identifican con "tiritas, parches", pues no hay en los centros escolares equipos psicosociales para abordar de forma transversal esta cuestión, en un momento en el que saltan "las alarmas" por la violencia de género entre adolescentes.

Junto a esto, han incidido en la necesidad de la creación de equipos multidisciplinares, con profesionales especializados que estén disponibles las "24 horas", porque esta problemática no es una cuestión "de horario de despacho, de 8,00 a 15,00". Finalmente, han reflexionado sobre la "preocupación" acerca de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pues se preguntan "qué va a pasar si ya en la actualidad los servicios sociales están colapsados".

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