El fiscal Francisco Hernández, encargado del caso por abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de Granada, conocidos como el 'clan de los Romanones', cree que la "mayoría" de los delitos ha prescrito aunque no el de los abusos sexuales con prevalimiento, y pedirá al juez instructor que determine si hay material para formular acusación.

El fiscal ha apuntado que contestará así al titular del juzgado que instruye la causa después de que en una resolución notificada el lunes a las partes les planteara la posibilidad de que algunos de los delitos hayan prescrito.

Hernández ha explicado que el tiempo transcurrido desde los hechos motivaría la prescripción de la mayoría de los delitos apuntados por el titular de Instrucción 4, Antonio Moreno, como las agresiones o el exhibicionismo, aunque no los abusos sexuales con penetración y prevalimiento que se atribuyen al padre Román, considerado cabecilla del grupo.

El fiscal ha recalcado la complejidad de la causa y el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia que motivó la investigación y la instrucción. Ha adelantado además que pedirá al juzgado que valore si la declaración de la víctima, la principal prueba en la causa, resulta suficiente para formular una acusación y si el testimonio concuerda con el resto de pruebas practicadas en la causa.

En el auto, el juez concedía a las partes un plazo de diez días hábiles a fin de que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta que se interpuso la denuncia, informaran sobre la posible prescripción de cada uno de los hechos atribuibles a cada imputado para así delimitar la continuación del proceso.

Hernández ha detallado que se podrán mantener los cargos contra el principal imputado y ha dudado de la viabilidad de juzgar a los otros nueve sacerdotes y dos seglares incluidos en la causa como imputados con diferentes grados de autorías, a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento.

La investigación judicial arrancó a mediados de octubre de 2014, cuando un joven interpuso una denuncia en la Fiscalía después de haberla dirigido al Arzobispado de Granada y posteriormente por carta al papa Francisco, que llegó a pedirle perdón en nombre de la Iglesia a través de una llamada telefónica.

La Policía Nacional detuvo en noviembre a tres sacerdotes y un laico que quedaron en libertad con cargos después prestar declaración y de que el padre Román abonara los 10.000 euros de fianza que le había impuesto el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada.