El fiscal rechaza que se procese a los militares del caso Couso

Según la Fiscalía, no se trata de un asesinato ya que los hechos se produjeron en una situación de guerra.

Pedraz, un juez de la Audiencia Nacional, decidió en abril procesar a los tres militares por considerar que el ataque fue un acto para 'aterrorizar' a los periodistas, en lo que sería un asesinato con alevosía.

Couso y el cámara de Reuters Taras Protysuk murieron en abril de 2003, cuando un tanque estadounidense abrió fuego contra el Hotel Palestina, sede de los medios de comunicación extranjeros en la capital iraquí durante la invasión estadounidense.

La Fiscalía, según fuentes de la investigación, entiende que el disparo desde el tanque no fue un acto indiscriminado ni una acción contra la población civil, aunque sí cree que hubo un error de identificación.

Por otro lado, la Fiscalía entiende que los tribunales españoles no son competentes para juzgar esos hechos.

Pedraz había ordenado el procesamiento del sargento Thomas Gibson, del capitán Philip Wolford y del teniente coronel Philip de Camp - por disparar, autorizar y dar la orden, respectivamente, del disparo del proyectil contra el Hotel Palestina.

El magistrado sostenía que los tres procesados pueden haber cometido un delito contra la comunidad internacional, castigado con pena de prisión de 10 a 15 años, y un delito de asesinato con alevosía. También consideró que los tres militares sabían que el hotel Palestina estaba en una zona civil y ocupado por periodistas.

Pedraz destacó además que el objetivo de atacar a periodistas era verídico ya que el mismo día se dirigieron ataques a las cadenas televisivas Al Yazira y Abu Dhabi, y requirió a los acusados una fianza de un millón de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria.

Una investigación militar estadounidense determinó que el personal del carro de combate actuó dentro de las reglas militares y el país se negó a su extradición.

El magistrado ya había ordenado la busca y detención internacional de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte de Couso en octubre de 2005, pero la decisión quedó sin efecto cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia dictaminó posteriormente que se trató de un acto de guerra contra un enemigo no identificado.

En enero de 2007, Pedraz volvió a pedir la detención de los tres soldados después de que el Tribunal Supremo ordenara en diciembre pasado la reapertura del caso.