El 'popular' extremeño Diego Sánchez Duque ha considerado que el PSOE debería aclarar si quiere prescindir del Seprona en el cuidado de los montes.

Asimismo, ha subrayado que el proyecto de modificación de la Ley de Montes aprobado por el Gobierno "incrementa" la coordinación de los agentes forestales con la Guardia Civil y "no" modifica "en absoluto" sus funciones.

De igual modo, apunta que el texto aprobado por el Gobierno recientemente trata de resolver las "disfunciones" y "faltas de coordinación" en la materia de los agentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

También resalta que las modificaciones del texto "clarifican" la posición de los agentes en su función como policía judicial "en sentido genérico", como "apoyo" a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que "son los agentes judiciales en sentido estricto".

En nota de prensa, insiste así en que el proyecto de modificación de la Ley de Montes aprobado por el Gobierno "no modifica en absoluto las funciones de los agentes forestales", sino que "lo único que hace es incrementar la obligación que tienen de coordinarse con la Guardia Civil".

Entiende al respecto que las críticas realizadas por el PSOE sobre la citada materia "no sólo demuestran una vez más lo perdidos que están en algunas cuestiones, sino que inducen a pensar que el PSOE quiera relegar a la Guardia Civil, prescindiendo de las funciones que tiene encomendadas el Seprona para el cuidado del medio ambiente".

En la misma línea, Diego Sánchez Duque ha pedido al PSOE que "si quiere al Seprona fuera del cuidado de los montes, que lo diga abiertamente, y proponga la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

DISFUNCIONES

Desde el PP de Extreamdura se considera que en la modificación de la ley realizada en 2006 se introdujo en el texto de la definición de agente forestal su condición de policía judicial en sentido genérico, repitiendo lo expresado en el artículo 283.6.º de la Ley de Enjuiciamiento criminal.

Su aplicación —explica— en la práctica ha ocasionado una serie de "disfunciones" y "faltas de coordinación" con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son las que trata de "clarificar" esta modificación de la Ley de Montes.

Así, se introduce en la citada definición que se recoge en el artículo 6q y en el artículo 58, que desarrolla "más extensamente" las funciones de los agentes, unas modificaciones del texto que "clarifican la posición de los agentes, en su función como policía judicial en sentido genérico, como apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los agentes judiciales en sentido estricto".

Igualmente, resalta que "se clarifica" que son los órganos judiciales competentes (Fiscalía y Juez instructor) los que deben "definir" si un hecho reviste el carácter de ilícito penal o de simple infracción administrativa.

Críticas sin sentido

Entiende en este sentido Sánchez Duque que las críticas del PSOE sobre el citado tema "no tienen ningún sentido, salvo el expresado anteriormente".

Además, recuerda que sobre el artículo 50, la ley añade una nueva excepción al artículo 50 de la Ley, que regula las situaciones excepcionales de cambio de uso forestal en terrenos incendiados durante 30 años con el objetivo de que "por medio de incendios se impidan actuaciones de interés público". "Ahora seguirá siendo igual, pero se introduce un precepto para cerrar ineficiencias", explica.

Esta modificación —según el PP— "no cambia el espíritu de la ley", sino que "se cierra el círculo, precisamente, para desincentivar al incendiario".

"La aplicación estricta de la letra de este precepto conducía a situaciones que llegaban a incentivar el incendio forestal para evitar expropiaciones o la construcción de infraestructuras públicas necesarias, depuradoras, vías de ave, carreteras etcétera", indica.

Añade también que la modificación introducida incluye una nueva excepción a la aplicación del precepto concreto de los 30 años, que consiste en exceptuar de la prohibición aquellos usos de interés general que prevalezca sobre el uso forestal. Y además, "para asegurar que nadie se pueda enriquecer con un cambio de uso provocado por un incendio, se limita a terrenos públicos, con lo que un terreno privado estaría sometido a la regla general, en todo caso".

Licencia única

Por otro lado, recuerda el PP extremeño que con esta modificación, el Gobierno, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, para "coordinar" aquellos aspectos de la caza que afectan a "más de una" comunidad autónoma.

Como ejemplo, cita los periodos de veda, la regulación de caza de especies migratorias que pasan de una comunidad a otra, o la regulación de licencias de caza en varias Comunidades Autónomas.

También subraya que se crea un registro español de infractores de caza y pesca, para "facilitar" el mecanismo de reconocimiento "mutuo" de licencias de caza y pesca entre Comunidades Autónomas, un aspecto "muy demandado por los cazadores".

En este sentido, en la próxima temporada de caza, las comunidades que hayan suscrito este acuerdo de reconocimiento mutuo (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura, Asturias, Galicia y Aragón) contarán con una licencia única. De esta forma, los cazadores podrán cazar en todo el territorio de esas comunidades autónomas, incide el PP.

Proteger la biodiversidad

De igual modo, según el PP extremñeo, la nueva Ley de Montes persigue el objetivo de proteger la biodiversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático, así como "potenciar" el aprovechamiento económico de los recursos forestales, que "puede contribuir" a la creación de "riqueza y empleo" en el medio rural.

Para la formación, "un monte gestionado es un monte cuidado; y un monte cuidado tiene muchas menos posibilidades de ser incendiado". Además, subraya que "un monte en buen estado contribuye a que todos tengamos un mejor medio ambiente y facilita el aprovechamiento de los recursos naturales".

Para lograr los objetivos propuestos —incide— se debe "mejorar" la gestión de los montes a través de tres elementos, en concreto, "una clarificación de la clasificación de los montes, la simplificación de los instrumentos de gestión y la incorporación de figuras que faciliten la gestión".

Finalmente, Diego Sánchez Duque concluye que el proyecto de ley incorpora medidas contra la tala ilegal de la madera y su comercialización. A este respecto, resalta que "se mejora" la tipificación de las sanciones, en función del daño causado, "atendiendo tanto a la cuantía económica como al tiempo de recuperación".