El Consejo de Gobierno vasco, a propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha aprobado una nueva convocatoria para la compra del suelo de las viviendas de protección oficial, para lo que ha autorizado la enajenación onerosa del suelo de 19.340 de inmuebles edificados en Euskadi en derecho de superficie.

Según ha recordado el Ejecutivo autónomo, ésta es la quinta ocasión desde 2010 que el Gobierno decide ofrecer esta alternativa que supone la posibilidad de que los propietarios de viviendas de protección oficial compren el suelo en el que están construidos sus hogares, a cambio de que las viviendas permanezcan con la calificación de vivienda pública de manera permanente.

La decisión adoptada este martes por el Gobierno afecta a un total de 19.340 inmuebles del País Vasco (viviendas, anejos vinculados o no a las viviendas, y locales comerciales). El suelo que ocupan todos ellos saldrá a la venta del 2 de febrero al 29 de mayo, en una próxima convocatoria del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en la que se concretarán los trámites a seguir, la valoración y los plazos de materialización de la enajenación del suelo.

Al igual que en la anterior convocatoria, podrán acogerse las personas adjudicatarias de una vivienda de protección oficial sin límite de ingresos.

La convocatoria estará abierta a todos los inmuebles comprendidos en las fases anteriores cuyos propietarios, por diversos motivos, no llegaron a adquirirlo, incluidas las promociones que han quedado descalificadas por el transcurso del tiempo, y que incorporará las nuevas promociones calificadas a partir del segundo semestre de 2013.

La compra de suelo es una solución para que las personas que han comprado viviendas de protección oficial (VPO) no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública, lo que en la práctica hace que, al cabo de 75 años, la VPO pase a manos de la administración de nuevo por la extinción del derecho de superficie, sin que sus propietarios tengan derecho a recibir una indemnización por ello.