El barrio del Carmel de Barcelona recuerda este martes el socavón que, hace justo diez años, obligó a desalojar 1289 personas de 530 viviendas. Algunas de ellas tardaron más de dos años en regresar a casa, otras no lo hicieron. Hay vecinos que quieren pasar página y valoran las mejoras del barrio, desde la llegada del metro hasta la instalación de escaleras y ascensores para salvar los desniveles. Otros, sin embargo, dicen que es imposible cerrar la herida porque las ayudas prometidas no llegaron y la crisis agravó aún más la situación.

El socavón, de 35 metros de profundidad y 30 de diámetros, se produjo por un movimiento de tierras cuando se excavaba la cola de maniobras de la línea 5, que estaba siendo ampliada. Afortunadamente, no tuvieron que lamentarse víctimas mortales ni heridos porque dos días antes un desprendimiento en dicho túnel obligó a desalojar el garaje situado en el número 12 de la calle Calafell y el edificio contiguo, el número 2 de Conca de Tremp. En el primer agujero se inyectó hormigón para estabilizar el terreno pero no fue suficiente para evitar el colapso.

El día 27 se desalojaron las familias de 84 edificios —530 viviendas— y dos colegios. Al día siguiente, algunos pudieron recoger sus objetos personales, y el día 31 350 vecinos fueron autorizados a volver a sus casas recibiendo certificados de la seguridad del subsuelo. Sin embargo, el 3 de febrero se produjo un nuevo hundimiento de menor entidad pero que obligó a desalojarlos de nuevo y que supuso la pérdida de confianza en las administraciones. Al día siguiente, la Generalitat informó que tres edificios debían ser derribados al haber quedado gravemente afectados, a los que se sumó un cuarto pocos días después.

No sólo temieron por su seguridad los vecinos del Carmel. En esa época se trabajaba en la llegada de la alta velocidad de Barcelona y se constituyó la plataforma AVE por el litoral, que quería evitar la perforación de un túnel por el centro de Barcelona por el miedo a más socavones. La llegada del AVE a la ciudad también fue accidentada y se modificó ligeramente el trazado para que no pasara por debajo de la Sagrada Familia, lo que suscitó críticas por parte de los vecinos, pero los incidentes no fueron comparables con el de este barrio del distrito Horta-Guinardó.

Según los peritos, el siniestro pudo haberse evitado con controles geográficos diarios y la Fiscalía consideró que pudo producirse una falta de diligencia por parte de los responsables de las obras. Sin embargo, el caso no llegó a juicio porque el Ministerio Público archivó el caso después de que todas las acusaciones particulares, incluido el Ayuntamiento de Barcelona, se retiraran.

En el lugar donde se produjo el socavón, rellenado con hormigón, hay una plaza sin nombre conocida como la plaza del socavón pero no se han construido los equipamientos prometidos tras el desastre, como 25 pisos de protección oficial. Se calcula que el accidente tuvo un coste total de unos 100 millones de euros, incluidas las indemnizaciones a los vecinos, algunos de los cuales pasaron un año viviendo en un hotel.

Tres años después del desastre, que estigmatizó el barrio que ahora tiene una de las tasas de paro más altas de la ciudad, superior al 12%, estallaron la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, lo que devaluó aún más el precio de los pisos. La llegada del metro, dos años después de lo previsto, fue recibida con sentimientos encontrados, aunque actualmente cada día 15.000 personas utilizan la estación del Carmel.

El hundimiento no sólo provocó una crisis social sino también política con acusaciones cruzadas entre CiU, que proyectó la obra, y el tripartito, que la estaba ejecutando y que destituyó el director general de Puertos y Transportes y al presidente de GISA, la empresa de la Generalitat. El tripartito impidió inicialmente la creación de una comisión de investigación, pero acabó creándose y aprobó sus conclusiones el 25 de mayo. El Parlamento también aprobó crear el Instituto Geológico de Cataluña con personalidad jurídica propia.

Además, fue a raíz del socavón del Carmel que salió a la luz un tema que todavía es investigado: las comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública. El 24 de febrero de 2005, durante una discusión con el entonces jefe de la oposición, Artur Mas, el que era presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se levantó de su escaño y, dirigiéndose a los convergentes, espetó su ya mítica frase: "Ustedes tienen un problema y este problema se llama 3%". Sin embargo, retiró la frase porque estaban en plena negociación del Estatut.

Desde julio de 2012, CDC tiene su sede embargada para cubrir la fianza de 3,2 millones de euros que le impuso uno de los jueces (ya son cinco los que han dirigido la instrucción del caso) como responsable civil a título lucrativo por supuestamente cobrar comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de "adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat".