El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes en el Parlamento su intención de impulsar cinco leyes gallegas anticorrupción y a favor de la transparencia que incluirán 50 medidas y estarán listas para su tramitación parlamentaria en 50 días. Para su aprobación, ha asegurado que desearía contar con el respaldo y las "aportaciones" de la oposición.

En su comparecencia en el Pazo do Hórreo, Feijóo ha advertido de que "no hay sigla que inmunice" contra los comportamientos corruptos y ha señalado que, aunque "la mayor parte" de los políticos están al margen, "a todos" los partidos les correspondería "hacer examen de conciencia y pedir disculpas por no haber estado a la altura de las circunstancias".

Y es que para el presidente, quien ha defendido la vigencia de la "democracia representativa" con "mejoras", no basta con que las fuerzas políticas opten por la división, por censurar "comportamientos ilegítimos" o con combatir demagogia "con más demagogia". "O todos tratamos de restaurar la confianza ciudadana o todos seguiremos sufriendo el mal de que paguen justos por pecadores", ha advertido.

Así, ha buscado el respaldo de la oposición para cinco normas que suman cincuenta medidas: una nueva Ley de Transparencia e Bo Goberno (sometida a un foro previo de participación ciudadana), la Ley de Asistencia Xurídica do sector público autonómico, una nueva Ley del Consello de Contas; una nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos en el ámbito autonómico y una Ley de Participación Cidadá en el Parlamento.

Algunas de las medidas que recogen estos textos ya habían sido planteadas por el presidente en el último Debate sobre el Estado de la Autonomía o en su reunión con el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro pero también incluye novedades. Por ejemplo, la nueva Ley de Asistencia Xurídica del sector público autonómica "concretará legalmente" los requisitos para recibir asistencia letrada de la administración por parte de cualquier empleado o autoridad pública.

Según Feijóo, con esta norma se garantizará que "ninguna persona culpable del delito del que se le acusa" vea su defensa "pagada con dinero de los contribuyentes". Precisamente, la autorización del pago de la defensa a un edil imputado en la 'Operación Pokémon' en Santiago fue el detonante de la mayor crisis que vivió el PP en el ámbito local en este mandato, ya que una denuncia a raíz de este paso acabó con la inhabilitación de otros siete concejales y el relevo en la Alcaldía.

En cuanto a la nueva ley de financiación de partidos, Feijóo también ha manifestado su interés en agilizarla. De hecho, ha dado por hecho que se remitirá a la Cámara a lo largo del nuevo periodo de sesiones, antes de junio. Ha ratificado que ya requirió al Consultivo que redacte un anteproyecto de ley en este sentido y que espera recibirlo "en los próximos días".