Los exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés han defendido este lunes la legalidad de las dietas que percibieron los miembros de la Comisión de Control de una de las participadas de la entidad y que, en todo caso, estaban por debajo de la media del sector.

Así lo han manifestado en la Audiencia Nacional, donde se les juzga desde el pasado jueves por delitos de apropiación indebida y administración desleal por irregularidades en el cobro de dietas por parte de los miembros de la Comisión de Control de Tenedora de Inversiones (TI) y en la concesión de créditos a Avilés.

El primero ha sido López Abad, que ha destacado que las dietas que cobraban en la CAM eran muy "distantes" a las de los altos cargos de otras cajas e "infinitamente alejadas" de los límites máximos que en 2012 fijó la ley para entidades nacionalizadas. Según ha explicado, la idea de crear esta Comisión en TI partió del entonces presidente de la extinta caja, Vicente Sala, que trasladó su idea a la Comisión de Retribuciones de la CAM.

Dicho órgano encargó un informe a la consultora Towers Perrin, que recomendó una retribución fija o variable en forma de dietas y propuso que se arbitraran soluciones para los miembros de los órganos de gobierno de las cajas, de forma que pasaran a ser consejeros de participadas para acceder a remuneraciones que no les estaban permitidas por ley.

"No es una cosa tan rara, la Sareb ha hecho lo mismo", ha recalcado López Abad, para el que la Fiscalía reclama cuatro años de prisión por idear "un mero y burdo instrumento" para permitir que los miembros de la CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho".

Fue así como el Consejo dio su visto bueno a esta Comisión, que suponía además reproducir el sistema de gobierno que ya tenían los bancos para reorganizar determinadas áreas de negocio.

Las retribuciones las conocía también el Banco de España que, aunque no dio su autorización explícita "porque no era necesaria", sí sabía "absolutamente" todo porque hizo un seguimiento "permanente".

No obstante, ha considerado las dietas se destinan para premiar a quienes por sus "conocimientos" asumen "la responsabilidad de que la compañía sea coherente con los objetivos generales" pero que, en todo caso, el concepto es "obsoleto, arcaico y trasnochado".

Por su parte, Avilés, para el que Anticorrupción solicita dos años y medio de cárcel, ha asegurado que no se hace "responsable" de la decisión que tomó el Consejo de avalar las dietas de la Comisión de Control de TI, de la que fue presidente.

"Soy responsable de mis actos, no de los de otros", ha precisado Avilés, que ha explicado que la Comisión de Control de la CAM, cuyos integrantes fueron los mismos que los de la participada, podía llegar como "máximo" a "proponer" la suspensión de un acuerdo tomado por el Consejo, pero nunca lo hizo porque "no hubo motivo".

Preguntado por la importante diferencia entre sus dietas en TI, con las que ingresó 308.000 euros entre 2007 y 2011 frente a los 24.000 que recibió en la caja, ha emplazado a formular esa cuestión a los consejeros y a la Comisión de Retribuciones.

En todo caso, "estaba por debajo de mercado", pero ha criticado que "es como comparar churras con merinas" y "preguntar por qué cobra más el presidente de una comunidad autónoma que el de otra". Además, ha agregado que en la participada "tenía muchísimo trabajo" y que participó en reuniones "de más de dos horas".

Por otra parte, ha sido cuestionado por los créditos que recibió para la inmobiliaria "La Vereda de Sucina", de la que la Fiscalía le acusa de ser propietario y gestor efectivo a través de varios familiares y sociedades interpuestas, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas debería haber abandonado sus puestos en CAM.

En un tenso interrogatorio, en el que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha reprendido varias veces por el tono de sus respuestas, ha aclarado a las acusaciones que él no pudo abstenerse en la votación de sus préstamos porque no pertenecía al Consejo, que es donde se producían.

Ha concluido que nunca se desvinculó de La Vereda, proyecto en el que estaba avalado por su familia y que siempre conoció el Instituto Valenciano de Finanzas.

Tras Avilés, han sido interrogados los 18 partícipes a título lucrativo y miembros de la Comisión de Control de la CAM y de TI, que esas retribuciones eran "adecuadas" porque su labor no era "pasiva", como sostiene la Fiscalía.