El Ministerio de Educación ha recibido hasta el momento 322 solicitudes de familias que viven en Cataluña y que piden una compensación económica por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudien en castellano como lengua vehicular, al no hallar dicha opción en uno público.

Todas las solicitudes se encuentran en fase de estudio para comprobar que cumplen con los requisitos para poder optar a dicha compensación económica, según han confirmado a Efe fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert.

La tramitación de las solicitudes comenzó la primera semana de octubre y, según el real decreto que desarrolla esta opción recogida en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses.

La disposición adicional 38 de la Lomce establece que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado por no tener en su comunidad uno público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular serán compensados por la administración autonómica hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público.

El pasado noviembre, el Ministerio había recibido 293 solicitudes, tal y como informaba en una respuesta escrita del Gobierno al grupo parlamentario de UPyD, en la que se precisa que todas las solicitudes (algunas procedentes también de Galicia, de la Comunidad Valenciana y de Baleares) habían sido presentadas en la sede electrónica de Educación.

El límite de pago de los costes escolares está establecido según el gasto público por alumno público en enseñanza no universitaria en la correspondiente Administración autonómica. En su respuesta a UPyD, el Ministerio explicaba que esos precios en las regiones con lengua cooficial son los siguientes: Baleares (6.746 euros), Cataluña (6.003), Comunidad Valenciana (5.781), Galicia (7.104), Navarra (8.352) y País Vasco (10.134).

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha reducido a cinco los niños cuyas familias han pedido la enseñanza en castellano, tres de los cuales no cumplirían las condiciones para serles otorgada una compensación de 6.000 euros por tener que escolarizarse en un centro privado. Hace pocos días ha entrado una nueva petición en el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de una familia que reclama la compensación por haber tenido que escolarizar a dos hijos en una escuela privada, ya que, a su juicio, no se les garantizaba el estudio en lengua castellana en un centro público.

Rigau ha atribuido las diferentes cifras que ha facilitado en las últimas semanas el Ministerio sobre este tema -hoy ha cifrado las peticiones en 322 y la pasada semana, en 80- a una "batalla política" en la que el PP intentaría "arrebatar a Ciutadans su tema estrella, la enseñanza en castellano, para conseguir rentabilidad política".

Otra cosa es que el Ministerio de Educación y también el Departamento de Enseñanza de la Generalitat hayan recibido, efectivamente, decenas de solicitudes, algunas en listas enviadas por diversas asociaciones, ha explicado la consellera. "Pero la mayoría de estas peticiones no cumplen los requisitos", ha asegurado Rigau, porque se refieren a casos de alumnos de guarderías o de universidades, etapas educativas no obligatorias y, por tanto, no contempladas como susceptibles de ser compensadas por la Lomce.