El pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) aprobó en su última sesión una propuesta de la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón), que reclama a los partidos políticos del municipio que no incluyan en sus listas electorales a personas imputadas por delitos de corrupción, proponiendo una reforma del Reglamento Orgánico Municipal, para regular las funciones que puedan ejercer los concejales acusados de corrupción y pendientes de juicio.

La propuesta, recogida por Europa Press, fue aprobada con el respaldo de los concejales independientes, el PSOE e IU-CA, y el voto contrario del PP, cuyo candidato a la Alcaldía, Antonio Ramírez, está pendiente de ser juzgado por el Juzgado de lo Penal número uno, a cuenta del conocido como caso 'Mozampro'. La Fiscalía, en ese sentido, reclama para él, el ex alcalde popular Manuel Morilla y el exedil popular Antonio Jiménez, ocho años y medio de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La moción, de cualquier modo, insta a los comités electorales u órganos de dirección de las fuerzas políticas del municipio a que no incorporen a sus candidaturas "a personas que se encuentren imputadas por delitos de corrupción", reclamando una reforma del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para que los concejales envueltos en una causa penal para la que se haya fijado juicio oral "no puedan formar parte de determinados órganos, consejos y comisiones, ni ostentar determinados cargos de representación o gobierno", hasta que medie sentencia firme.

Además, la propuesta obliga al Ayuntamiento a emprender una reforma de su propio Reglamento Orgánico Municipal, para regular las funciones que puedan ejercer los concejales acusados de corrupción y pendientes de juicio por la vía Penal. La moción, como hemos señalado, contó con el voto contrario del Grupo popular, toda vez que su candidato a la Alcaldía, el concejal Antonio Ramírez, es uno de los imputados en el conocido como caso 'Mozampro'.

El caso mozampro

Recordemos que la sociedad de desarrollo local 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento de Morón, promovió en 2005 y bajo el mandato del exalcalde popular Manuel Morilla un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados con destino a la construcción de 233 viviendas protegidas.

El pliego de condiciones administrativas que rigió esta enajenación, con Morilla, Ramírez y Jiménez en el consejo de administración, prohibía que se formalizase la escritura pública de los suelos en favor de la sociedad adjudicataria, hasta la entrega de la preceptiva licencia de obras, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización de la zona de viviendas protegidas. La empresa 'Mozampro XXI', cuyo administrador único era José María Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros.

Reventa de los terrenos

El 9 de febrero de 2006, así, los suelos fueron escriturados a nombre de 'Mozampro XXI', pero supuestamente sin que tales aspectos fuesen cumplidos y en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" dicha sociedad limitada por encima del valor de tasación de los terrenos y sin haber edificado las viviendas.

La Asamblea Moronera Alternativa, que elevó los hechos a la Fiscalía, había advertido de que gracias a esta operación, Montoya habría cosechado un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 la empresa 'Mozampro XXI' sin haber edificado las viviendas protegidas en cuestión e incumplir los términos de la adjudicación.

El pasado mes de enero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón, a través de un auto recogido por Europa Press, acordó abrir juicio oral contra el exalcalde del PP Manuel Morilla, el exconcejal Antonio Jiménez y el vigente edil popular Antonio Ramírez, a quienes la Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.