Los puntos de mediación familiar de las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia comenzarán a ofrecer sus servicios a los ciudadanos durante el mes de febrero.

La apertura de estas oficinas, que tendrán ubicación física en las instalaciones de los Centros de Menores de dichas ciudades, constituye una apuesta "decidida" del Gobierno de Extremadura por la resolución "amistosa" de conflictos familiares, con el objetivo de evitar "su agravamiento y arraigo" en el seno de las familias y, en último término, la resolución judicial.

En nota de prensa, el Ejecutivo extremeño ha informado de que habrá dos trabajadores por cada uno de los puntos de mediación que prestarán servicio de asesoramiento y acompañamiento profesional a las familias que se encuentran "en situación de conflicto con la intención de evitar posibles desestructuraciones familiares".

La apertura de estas oficinas, unidas al inminente debate de la propuesta de ley de Mediación Familiar, "rubrican la apuesta" del Gobierno de Extremadura por establecer recursos de apoyo a la institución familiar "como uno de los núcleos fundamentales de la cohesión social y, especialmente, la apuesta por la protección de la infancia como los individuos más desprotegidos en un conflicto familiar".

Además, estas propuestas, ha destacado, situarán a Extremadura "a la misma altura" que el resto de regiones donde, desde hace años, existen leyes y programas para la resolución dialogada de los conflictos familiares.

En este sentido, el Gobierno de Extremadura pondrá en marcha una campaña de sensibilización social para dar a conocer la importancia de la mediación en este tipo de conflictos.

La mediación como alternativa a la resolución judicial de conflictos, ha explicado la Administración autonómica, plantea "ventajas" para la familia "en cuanto que se proporcionan herramientas pedagógicas para el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones no solo familiares, sino interpersonales y sociales".

Por último, ha resaltado la "importancia" de la mediación en países como Francia, donde hay 16 millones más de habitantes que en España y donde se producen "tres millones menos de conflictos judiciales que en el país".