La Fiscalía está investigando un caso de envenenamiento registrado en el municipio de Valdeolea el pasado mes de diciembre, por el que estos días se han registrado las viviendas y estabulaciones de varios ganaderos de la zona, entre ellos el acusado del envenenamiento en cadena acontecido en las navidades de 2011-2012.

Los registros se han producido precisamente a escasos días de que arrancase el juicio contra este ganadero de caballos, JL.V.G., que se ha celebrado este lunes y martes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander y en el que su defensa ha dado a conocer estos registros y se ha preguntado por qué no se hicieron entonces.

El letrado ha asegurado que, hace unos días, la Guardia Civil ha llevado a cabo "una inspección técnica-ocular" tanto en la vivienda y la estabulación de JL.V.G. como en las de otros ganaderos de la zona por un caso de envenenamiento registrado a finales del pasado año.

"Es lo lógico", ha espetado el abogado, que ha cuestionado que estas inspecciones no se realizasen en la anterior ocasión para "ver si existía algún tipo de producto que justificase el envenenamiento". "Si él era el sospechoso, qué justificación había para no ir a su domicilio", ha dicho, al tiempo que ha planteado que "no se registró la estabulación del acusado ni la de nadie, quizá porque no interesaba".

Así lo ha manifestado la defensa de JL.V.G. en la segunda y última sesión del juicio por los envenenamientos acontecidos en Valdeolea en diciembre de 2011 y enero de 2012, en los que fallecieron una treintena de animales de los que, según se ha certificado en el proceso, 24 —entre ellos 11 milanos reales, especie en peligro de extinción— murieron por ingesta del tóxico Aldicarb.

"meros indicios nada sólidos"

Precisamente de la falta de registro de las propiedades del imputado es el hilo del que ha tirado la defensa en su informe final para considerar que la Fiscalía, el Gobierno regional y SEO/BirdLife han sustentado sus acusaciones en "meros indicios nada sólidos" y por lo que ha reclamado la libre absolución de su patrocinado.

A su juicio, las acusaciones han escogido a la "persona que estaba más cerca" para que asuma la responsabilidad por esos envenenamientos ya que 4 cebos con el Aldicarb aparecieron en su finca y otro de ellos cerca, así como porque los guantes hallados, dentro de una bolsa con restos de sangre y granulado del veneno, tenían su AND.

"Mi representado sabía que tenían su AND y accedió a someterse a la prueba", ha señalado el abogado, que ha cuestionado a las acusaciones por qué "no se ha intentado ver si los guantes estaban impregnados de Aldicarb" ya que ha insistido que otros afectados por los ataques de los lobos en la zona "pudieron actuar a la sombra" del acusado.

"Pudo ser cualquiera", ha dicho, al tiempo que ha criticado que, para las acusaciones, JL.V.G. "pasa de ser un inteligente sanguinario a torpe de manual". "Para ellos no tiene escrúpulos y es un asesino en serie de la fauna de Cantabria —por colocar el veneno— o es un tonto potencial —por dejar los cebos en su propia finca y los guantes en una zarza—", ha apuntado.

Y es que, como ha hecho durante todo el juicio, la defensa ha insistido en que no hay pruebas que muestren la disección del potro muerto del que se extrajo la carne para los cebos ni de que esa fuese realizada por el acusado, al igual que cree que otra persona pudo haber puesto los guantes con la bolsa de Aldicarb en la zarza.

Además, ha considerado "un insulto a la inteligencia" que se plantee que el imputado colocase los cebos en sus fincas los mismos días en que sabía que los agentes del Medio Natural estaban realizando batidas para cazar a los lobos y, precisamente, le habían pedido que dejase el potro muerto en la finca como reclamo. "Pensar eso es una sinrazón", ha apostillado.

"no hay posibilidad" de que fuese otra persona

Por su parte, las acusaciones han coincidido en mantener sus calificaciones y en que "no hay posibilidad" de que los envenenamientos los cometiese otra persona.

La Fiscalía cree que las pruebas indican que JL.V.G., "harto de que los lobos le mataran animales, de que no se le indemnizara por ello y las batidas llevadas a cabo no dieran resultados, decidió ponerle solución".

El Ministerio Público ha barajado otras interpretaciones de los hechos —que otra persona colocase los guantes en la bolsa con el Aldicarb o que el acusado usase ese tóxico en su trabajo (aunque está prohibido desde 2007)— pero "ninguna es factible", ha dicho, al tiempo que ha apuntado a la "falta de veracidad" de la declaración del imputado.

Esta parte ha mantenido su petición de dos años por un delito contra la fauna, prohibición de dos años para el ejercicio de la caza y la ganadería, 90.000 euros de indemnización al Ejecutivo y otros 28.500 para la reparación del daño.

Por su parte, el letrado de SEO/BirdLife también ha señalado que "no hay indicios de que haya sido otra persona" por ello ha mantenido su petición de una pena de dos años y medio por un delito continuado contra la fauna y las mismas cuantías que la Fiscalía.

El representante de la organización conservacionista ha considerado que la actuación del acusado ha "alterado el equilibrio ecológico" de la zona, en la que hay una parte protegida por la Red Natura 2000 como es el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Río Camesa.

Mientras que el Gobierno de Cantabria, que pide la misma condena que la Fiscalía, ha criticado la "falta de credibilidad" de la "versión exculpatoria" del acusado.

Peritos corroboran and y daño a la fauna

En la sesión de este martes, también han declarado los peritos del Centro Nacional de Toxicología, que han corroborado la presencia del ADN del acusado en los guantes, así como el jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria, Antonio Javier Lucio, que ha valorado los daños que aquellos envenenamientos causaron en la fauna de Valdeolea.

Tras destacar la "vulnerabilidad" de los animales afectados como el milano o el buitre ante el veneno, Lucio ha apuntado que el caso fue "muy grave" porque murieron "muchos animales, de muchas especies, en una zona muy concreta".

De hecho, ha destacado que es "el episodio de envenenamiento más grave ocurrido en Cantabria desde que se tiene registro". Un registro que, según ha indicado, se puso en marcha en 2006 y desde entonces el 37% de los casos registrados por envenenamiento han sido por el tóxico Aldicarb —en España alcanzan el 50%—.

Este pesticida agrícola está prohibido en la Unión Europea desde 2007 pero "debe haber estocaje entre los agricultores" o adquirirse en otros lugares donde si está autorizado, de ellos el más cercano es Marruecos pero se usa en todo el continente africano y el sudamérica, según ha indicado.

El Servicio de Conservación de la Naturaleza del Ejecutivo ha emitido un informe, ratificado en la vista, en el que se advierte del daño causado por aquellos envenenamientos en la población de milanos reales en Cantabria, donde se concentran precisamente en la zona de Valdeolea.

Los 11 milanos muertos representaban el 10% de la población de esta especie migratoria en peligro de extinción en la región —los últimos datos de 2004 indicaban que había 117 ejemplares— y por ello se plantea un Plan de seguimiento "intensivo" para, durante tres años, mejorar el conocimiento de esta especie. Este Plan se financiaría con la indemnización para la reparación del daño que se le impusiese al acusado en caso de ser condenado.