Dos familias de Puerto Real (Cádiz) reclaman que se retrase el derribo de sus viviendas en la carretera de El Portal, previstos por orden judicial para los próximos días 28 y 29, hasta que se resuelva el recurso que han presentado y que "ha sido aceptado por el juzgado", el cual consideran que podría evitar la demolición en base a la nueva Ley de Costas.

Así lo ha explicado a Europa Press María del Carmen Pozo, que vive con su marido y sus dos hijos en la vivienda cuya demolición está prevista primero. Los otros afectados están, según dice, en su misma situación.

Argumenta que en la zona hay "alrededor de 200 casas ilegales más" y, sin embargo, estas son las únicas que se encuentran en esta situación, al estar el resto en distintas fases de recurso.

Indica la propietaria que construyó la vivienda en un terreno de su propiedad en la carretera de El Portal, en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre, cuando "ya había en esta zona otras viviendas levantadas". Deja claro que se trata de una primera residencia, y que su demolición le dejaría a ella y a su familia "en la calle".

Comenta que hace ocho años tuvo un juicio, tras lo que tuvo que abonar una multa de unos 3.000 euros y también les condenaron a pena de cárcel, si bien el ingreso no se hizo efectivo al no superar los dos años y carecer de antecedentes. La sentencia también incluía el derribo de la casa, si bien "nunca nos dijeron fecha para llevarlo a cabo".

Es ahora, ocho años después, cuando explica que ha llegado al Ayuntamiento la orden de derribo. El problema, según indica, es que "la situación ha variado mucho en este tiempo", principalmente tras la aprobación de la nueva Ley de Costas. Precisamente en base a ello, presentaron un recurso que "el juzgado ha aceptado", insiste.

Sin embargo, el Ayuntamiento puertorrealeño "no ha recibido notificación del juez para poder paralizar el derribo hasta que se revise el caso", por lo que reclama que se busque alguna fórmula, ya que teme que "la notificación llegue tres días después de que nos hayan tirado la casa".

Explica que tiene "muchas esperanzas" en que el juzgado acabe dándoles la razón, ya que su casa "no es en la que peor situación estaba" dentro del diseminado. Abunda que el inmueble se ubica a una distancia del terreno afectado por Costas que le hacía estar "casi en la legalidad con la Ley de Costas anterior".

Insiste en que "lo único" que piden es que el Ayuntamiento pueda "esperar" a que el juez resuelva si la casa puede mantenerse o sigue siendo ilegal con la nueva Ley de Costas antes de ejecutar la orden de derribo.

"sensibilidad" con los vecinos

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, desde el Ayuntamiento han expresado su "sensibilidad" con las citadas familias, las cuales han sido recibidas por el teniente de alcalde delegado del área de Urbanismo, Juan Carlos Martínez (PA), para ofrecerles las posibles soluciones al alcance del Consistorio para mejorar sus circunstancias en la medida de lo posible.

Las fuentes consultadas dejan claro que el Ayuntamiento "no es parte en el proceso", ya que la instrucción del expediente no es de su competencia y es un juzgado el que ha dictado sentencia.

Sin embargo, la disciplina urbanística es competencia municipal y está obligado "por ley" a garantizar el cumplimiento de las órdenes ejecución de derribo fijadas para los días 28 y 29. Señalan que, en caso contrario, el Ayuntamiento sería apercibido por desobediencia.

Por ello, desde el Consistorio se acata la sentencia y está cumplimentando los trámites necesarios para la adjudicación y contratación de la empresa que se haría cargo de esos trabajos.

Detallan las citadas fuentes que una de las opciones que ha planteado el Ayuntamiento a las familias afectadas es que asuman con sus propios medios la demolición, ya que los costes serían menores que si el Ayuntamiento tiene que hacer un procedimiento de contratación pública para ejecutar subsidiariamente la sentencia —los costes tienen que asumirlos los condenados—.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Consistorio reclamaron a los afectados las alegaciones que formularon en su día para trabajarlas y dirigir un escrito al juez, ya presentado, "por si hubiera un modo de paralizar el derribo".

Sin embargo, están "a la espera" de que el juez se pronuncie "antes de que llegue el día de la demolición". Finalmente, subrayan que el compromiso del gobierno local (PA) es "estar con los vecinos y aguantar hasta el último momento", confiando en que las alegaciones presentadas sean tenidas en cuenta antes del día 28.