Facua-A lamenta "las reducidas" sanciones de la ley hipotecaria andaluza, que "sin controles será papel mojado"

Facua-Andalucía ha lamentado este martes "las reducidas" sanciones establecidas en el anteproyecto de ley andaluza sobre información hipotecaria y advierte de que "si continúa la falta de mecanismos eficaces de control por parte de la Secretaría General de Consumo, la norma se convertirá en papel mojado".

Facua-Andalucía ha lamentado este martes "las reducidas" sanciones establecidas en el anteproyecto de ley andaluza sobre información hipotecaria y advierte de que "si continúa la falta de mecanismos eficaces de control por parte de la Secretaría General de Consumo, la norma se convertirá en papel mojado".

Así, la federación ha considerado, en una nota, "claramente insuficiente" el millón de euros de sanción que fija como máximo para las infracciones muy graves el anteproyecto de Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

En este sentido, ha recordado que la sanción máxima fijada en la legislación estatal de protección al consumidor es de 600.000 euros desde hace más de 30 años. "Si ese importe se hubiera actualizado conforme al IPC, hoy sería de 1,9 millones de euros, una cantidad también muy reducida pero que representa el doble de la cuantía fijada en el anteproyecto de ley andaluz", ha explicado.

No obstante, la federación valora que el texto establezca la posibilidad de que las multas puedan representar hasta diez veces el importe de la cantidad defraudada. En este sentido, supera lo establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que fija desde 1984 hasta el quíntuplo de lo defraudado, y se equipara a la normativa de consumo catalana.

En cualquier caso, Facua-A recuerda que hasta la fecha, la Junta de Andalucía nunca ha impuesto multas por fraudes masivos utilizando el criterio de proporcionalidad con las dimensiones del fraude, por lo que para su aplicación es esencial "un importante giro en las políticas sancionadoras de las autoridades de consumo andaluza".

Trae avances,

Pero adolece de carencias

La federación ha considerado que el texto que ahora pasa al Parlamento contiene elementos positivos y supone avances para aumentar la información a los usuarios, entre ellas la obligación de informar a los avalistas en las mismas condiciones que a los titulares de las hipotecas. Pero también adolece de carencias que no se han tenido en cuenta por parte del Gobierno andaluz pese a las alegaciones efectuadas por Facua-A.

Así, ha criticado que el anteproyecto no entre a regular "suficientemente" los contenidos de la publicidad de las ofertas hipotecarias. Así, apunta que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, competente en la protección de los consumidores, "no ha establecido qué criterios deben cumplir los anuncios de los bancos, que habitualmente inducen a confusión al ocultar o relegar a una minúscula tipografía elementos que resultan claves a la hora de comparar hipotecas".

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